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Desbordes asesta golpe a la extrema izquierda: Corte inhabilita a juez Urrutia por sesgo en caso del bus quemado en el INBA

Ilustración Urrutia debilitado extremista izquierda activista Imagen generada con IA. Click para ampliar T

El polémico juez Daniel Urrutia, conocido por su cercanía a posturas de extrema izquierda, fue inhabilitado por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa que investiga la quema de un bus RED frente al Internado Nacional Barros Arana (INBA). La decisión fue consecuencia de una recusación presentada por el alcalde Mario Desbordes (RN), quien acusó al magistrado de actuar con evidente parcialidad y animadversión política, evidenciada en decisiones anteriores y en su trato diferenciado hacia gestiones municipales de izquierda.

Puntos Claves:

  • Ataque en el INBA y querella del municipio: El 13 de junio, encapuchados incendiaron un bus del sistema RED frente al INBA tras una violenta jornada que incluyó la fabricación de bombas molotov, amenazas con cuchillos, barricadas e incluso un ataque al rector del establecimiento. La Municipalidad de Santiago, liderada por Mario Desbordes, presentó una querella por incendio, desórdenes, lanzamiento de artefactos incendiarios y lesiones.
  • Rechazo de Urrutia y argumento formalista: El juez Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, declaró inadmisible la querella señalando que una municipalidad no tiene facultades para perseguir delitos comunes, interpretación que el municipio calificó de “errónea, formalista y descontextualizada”. Según el alcalde, esto impedía a la administración local actuar frente a la violencia que sufren liceos municipales.
  • Trato desigual y sesgo político: Desbordes argumentó que, cuando Irací Hassler (PC) era alcaldesa, Urrutia sí aceptó querellas similares del municipio, lo que demostraría un trato preferente hacia una gestión de izquierda. Además, recordó que el magistrado había presentado en 2023 una querella por calumnias contra él mismo, lo que evidenciaría animadversión personal.
  • Pruebas de animadversión: La recusación incluyó antecedentes como publicaciones en redes sociales donde Urrutia expresó opiniones políticas contrarias a la administración de Desbordes, reforzando la percepción de un juez activista más que imparcial.
  • Defensa del magistrado: Urrutia negó cualquier enemistad, alegando que en los casos previos el municipio era víctima directa, lo que justificaba su legitimación. Sin embargo, evitó referirse en detalle a las críticas sobre su aparente sesgo ideológico.
  • Fallo de la Corte de Apelaciones: El tribunal concluyó que existían antecedentes suficientes para presumir falta de imparcialidad, aplicando el artículo 196 N°16 del Código Orgánico de Tribunales, que permite recusar a un juez por “enemistad, odio o resentimiento” hacia alguna de las partes. La resolución fue categórica al señalar que “existe imposibilidad desde el punto de vista de la imparcialidad” para que Urrutia conozca la causa.
  • Alcance de la inhabilitación: La decisión no solo lo aparta del caso del bus quemado, sino también de cualquier causa presentada por la Municipalidad de Santiago contra delitos en liceos emblemáticos, cerrando la puerta a que siga interviniendo en este tipo de procesos.
  • Antecedentes de polémicas: Urrutia ha sido cuestionado por decisiones controvertidas, como la autorización de videollamadas a internos de alta peligrosidad, medida revocada por la Corte de Apelaciones en 2023. Para sus críticos, su actuación confirma un patrón de fallos ideologizados y alejados de la neutralidad judicial.

La decisión de la Corte marca un precedente contra jueces percibidos como activistas políticos, recordando que el principio de imparcialidad es esencial para resguardar la confianza en la justicia. En un país afectado por episodios recurrentes de violencia estudiantil y ataques a la propiedad pública, la exclusión de un magistrado con cuestionada objetividad es vista como una señal de que no todo vale en el ejercicio judicial, incluso para quienes gozan de afinidad con sectores políticos influyentes. La ciudadanía y las víctimas directas esperan que esta determinación permita avanzar sin sesgos en las investigaciones y sanciones a los responsables.