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Se hizo justicia: tribunal absuelve a Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica y descarta delito de apremios ilegítimos

Ilustración Claudio Crespo celebrando absolución caso Gatica Imagen generada con IA. Click para ampliar T

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al excarabinero Claudio Crespo en la causa por el caso de Gustavo Gatica, hoy diputado electo, quien perdió la visión durante una protesta ocurrida en Plaza Italia en noviembre de 2019. El fallo sostuvo que no se acreditó una infracción a los reglamentos ni la configuración del delito de apremios ilegítimos, concluyendo que el actuar policial se dio en un contexto de violencia grave y quedó amparado por la legítima defensa, poniendo fin a uno de los juicios más emblemáticos y extensos derivados del estallido social.

Puntos Claves:

  • Absolución tras un juicio extenso y altamente politizado: El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a Claudio Fernando Crespo Guzmán del delito de apremios ilegítimos presuntamente cometido el 8 de noviembre de 2019. El proceso se prolongó por más de 330 audiencias y la Fiscalía había solicitado una pena de 12 años de cárcel, petición que fue desestimada en su totalidad.
  • El núcleo del fallo: no se probó infracción reglamentaria ni delito penal: El tribunal fue claro al señalar que «la prueba aportada no permite formar convicción que el disparo que hirió al ofendido se realizó con infracción a los reglamentos», estableciendo que, pese a la gravedad del resultado, no se acreditaron los elementos necesarios para una condena penal conforme al estándar exigido por la ley.
  • Contexto de violencia acreditado por el tribunal: En la lectura del veredicto, la jueza Cristina Cabello explicó que durante la jornada los gases lacrimógenos y carros lanza aguas no lograban disuadir a los manifestantes violentos, y que la maniobra policial se produjo tras “tres ataques sucesivos con bombas Molotov”. El tribunal sostuvo que el avance de la infantería fue una respuesta necesaria para evitar que los manifestantes coparan la posición policial en un escenario de alto riesgo.
  • El rol de Gustavo Gatica en los hechos, según la sentencia: De forma explícita, el tribunal indicó que Gatica “se incorpora a la masa de manifestantes agresivos para participar activamente en el lanzamiento de piedras al personal policial”. Esta constatación fue central para el análisis del caso, ya que permitió establecer que el actuar policial no se produjo frente a un manifestante pasivo, sino en medio de una agresión activa y peligrosa.
  • Legítima defensa y proporcionalidad del uso de la fuerza: El fallo sostuvo que, ante “agresiones activas potencialmente letales”, la normativa vigente autorizaba incluso el uso de armas de fuego letales. En ese contexto, el tribunal concluyó que Crespo optó por un medio de menor entidad lesiva al utilizar una escopeta antidisturbios, ajustándose a los principios de gradualidad y proporcionalidad y quedando amparado por la causal de legítima defensa.
  • Autoría del disparo y límites de la prueba: Si bien el tribunal señaló que la evidencia permitió establecer que el disparo provino del arma que portaba Crespo, también enfatizó que no fue posible determinar con certeza la trayectoria del disparo, el comportamiento de las postas ni una infracción concreta a los protocolos. Esa falta de certeza fue determinante para descartar el delito imputado.
  • Respaldo político desde la oposición: Desde el inicio del proceso, Johannes Kaiser respaldó públicamente a Claudio Crespo, calificando el juicio como una persecución ideológica contra carabineros que actuaron durante el estallido social. Tras el fallo, Kaiser reiteró su apoyo y cuestionó duramente el rol de la Fiscalía y otros organismos del Estado.
    A este respaldo se sumó la diputada y senadora electa Camila Flores, quien celebró la absolución señalando que “se ha hecho justicia” y denunciando una persecución prolongada contra el exuniformado y su familia.
    También se pronunció Sebastián Zamora, exfuncionario de Carabineros y diputado electo, quien calificó el proceso como una persecución ideologizada y sostuvo que el fallo marca un precedente frente al uso político de la justicia contra policías que actuaron en contextos de violencia.
  • Críticas del oficialismo y persistencia del conflicto político: Desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, la resolución fue duramente cuestionada. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que «esta decisión consagra la impunidad», mientras otros parlamentarios oficialistas insistieron en vincular el caso a violaciones de derechos humanos, pese a que el tribunal descartó dicha calificación jurídica.
  • La reacción de Gatica y su proyección política: Gustavo Gatica manifestó su disconformidad con el fallo y anunció que buscará la nulidad del juicio, incluso recurriendo a instancias internacionales. Al mismo tiempo, utilizó el caso para reforzar un discurso político orientado a impulsar cambios legales desde el Congreso, manteniendo viva una controversia que el tribunal dio por resuelta en sede penal.
Momento en que se lee la sentencia final, absolviendo a Claudio Crespo
Video donde se constata que Gatica portaba una piedra para ser arrojada
Contexto en el Centro de Justicia
Diputado Karlezy reflexiona y analiza el fallo
Crespo en sus primeras declaraciones ya absuelto

La absolución de Claudio Crespo refuerza una conclusión central del fallo: en un Estado de Derecho no basta con el resultado trágico de un hecho para condenar, sino que es indispensable acreditar el delito y la infracción a la normativa vigente. El tribunal estableció que Gustavo Gatica participaba activamente en una manifestación violenta y lanzaba piedras contra Carabineros, una conducta que conllevó riesgos evidentes y consecuencias graves, y que no puede ser omitida del análisis sin distorsionar la realidad de lo ocurrido.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa una reflexión incómoda pero necesaria: la violencia en el espacio público no es inocua ni abstracta, y quienes participan activamente en hechos violentos asumen responsabilidades y riesgos reales. Ignorar ese contexto, o reducirlo a un relato unilateral de victimización, no solo debilita la discusión pública, sino que también erosiona el respeto por las decisiones judiciales cuando estas no se alinean con una agenda política determinada.