Megaincendio en Valparaíso: empresa sin experiencia dirigida por joven de 20 años recibió $6.725 millones y Diputados piden investigar trato directo

A dos años del megaincendio que devastó amplios sectores de la región de Valparaíso en febrero de 2024, nuevos antecedentes de la Contraloría General de la República (CGR) encendieron la polémica: una empresa dirigida por un joven de 20 años recibió contratos por más de $6.700 millones mediante tratos directos y licitaciones para labores de emergencia. La Bancada de Diputados del Partido Republicano anunció que impulsará una Comisión Especial Investigadora para esclarecer eventuales sobreprecios e irregularidades en la gestión de recursos públicos durante la administración de la entonces delegada presidencial Sofía González (PC).

Puntos Claves:

• Empresa de joven de 20 años recibió $6.725 millones: La firma San Nicolás SpA, cuyos únicos accionistas registrados en noviembre de 2023 son Tomás Avilés Tillería, de 20 años, y Catalina Jara Briones, de 25, obtuvo seis contratos por un total de $6.725 millones para arriendo de maquinaria, despeje de escombros y demolición de viviendas afectadas por el megaincendio, principalmente en el sector El Olivar. Avilés firmó su primer contrato millonario cuando tenía 19 años.
• Tratos directos y cuestionamientos por sobreprecios: De los seis contratos, cuatro fueron por trato directo —mecanismo excepcional que permite adjudicar sin licitación pública— y dos mediante licitación. La CGR detectó eventuales sobreprecios que superarían los $3.700 millones. En detalle, se observó un posible sobreprecio de $2.725.987.740 en arriendo de camiones tolva, retroexcavadoras y minicargadores (con conductor y combustible), comparado con valores pagados por la Municipalidad de Quilpué por servicios similares. Además, se identificó otro eventual sobreprecio de $1.036.336.252 por arriendo de maquinaria en condiciones equivalentes.
• Delegación Presidencial bajo la lupa: La principal entidad cuestionada es la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, entonces encabezada por Sofía González (Partido Comunista), hoy diputada electa. Según la CGR, la delegación habría pagado sobreprecios y omitido controles básicos en contratos de emergencia por más de $8.900 millones. Los antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, que ya abrió una investigación penal.
• Críticas desde la oposición y anuncio de Comisión Investigadora: El diputado Luis Fernando Sánchez (Distrito 7) calificó la situación como “francamente escandalosa”, cuestionando que “se estuvieran entregando miles de millones de pesos a una empresa sin experiencia”. Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi (Distrito 6) afirmó que los hechos son “de la máxima gravedad” y anunció que buscarán “develar las responsabilidades políticas” de las autoridades involucradas. La comisión especial investigadora será solicitada al inicio del nuevo periodo legislativo.
• Dudas sobre la idoneidad y capacidad técnica: La CGR cuestionó si San Nicolás SpA contaba con experiencia, maquinaria y personal suficiente para ejecutar los trabajos comprometidos. Además, se informó que el domicilio declarado ante la Delegación correspondería a un estudio contable, lo que aumentó las sospechas sobre su capacidad operativa real.
• Subcontrataciones y denuncia de camioneros impagos: En 2024, 13 camioneros denunciaron ante la Contraloría no haber recibido pagos tras ser subcontratados informalmente para retirar escombros. Según el informe, los servicios fueron prestados a Comercializadora Renova SpA, empresa subcontratada por San Nicolás SpA. Los denunciantes señalaron que “San Nicolás SpA sería una empresa sin domicilio real, que simula actividades empresariales y que no tiene bienes ni patrimonio, lo que, a su juicio, podría configurar un eventual fraude al fisco”.
• Vínculos societarios y rol del gerente general: Aunque los accionistas formales son los jóvenes Avilés y Jara, en los contratos iniciales figura como representante Pedro Briones González, padre de Catalina Jara, quien aparece como gerente general en cotizaciones presentadas a la Delegación. Registros públicos muestran que Briones ha sido socio de Cristian Ramos Carrasco en otras empresas, y que este último tuvo participación en Comercializadora Renova SpA, firma vinculada a la subcontratación de maquinaria y personal para los trabajos del megaincendio.
• Otras irregularidades detectadas por Contraloría: La CGR publicó cinco informes que también cuestionan la gestión de recursos en la Municipalidad de Quilpué, la Municipalidad de Viña del Mar y la Dirección Regional de Arquitectura. Se detectaron pagos no acreditados, demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, extravío de bienes donados y falencias en rendiciones de cuentas. En todos los casos se ordenaron sumarios administrativos y se remitieron antecedentes al Ministerio Público.
• Contexto político y responsabilidad pública: El caso golpea directamente a una autoridad vinculada al Partido Comunista, en un escenario donde la probidad en el uso de recursos públicos resulta clave. La utilización reiterada del trato directo —mecanismo que debe ser excepcional y debidamente justificado— ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que acusa falta de controles y supervisión en plena emergencia.

El megaincendio dejó miles de damnificados en Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, familias que aún esperan una reconstrucción transparente y eficaz. Por ello, la eventual existencia de sobreprecios y contratos cuestionados genera profunda indignación, especialmente cuando se trata de recursos destinados a enfrentar una de las mayores tragedias recientes del país.

Mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales, la ciudadanía exige claridad y responsabilidades concretas. La transparencia en el uso de fondos públicos no es solo una obligación legal, sino también un deber ético con las víctimas que perdieron sus hogares y que aún esperan respuestas.