Bajo el gobierno de Boric: más de $7.009 millones en pensiones del 18-O, $200 millones mensuales y 270 beneficios otorgados en medio de casos con prontuario y fraude

A menos de un mes del término del gobierno del Presidente Gabriel Boric, las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social de 2019 superaron los $7.009 millones, con más de $200 millones mensuales destinados a 418 beneficiarios. El elevado gasto fiscal, los casos de falsas víctimas detectadas y la lenta judicialización han instalado un fuerte cuestionamiento político que deberá enfrentar el nuevo gobierno a partir del 11 de marzo.

Puntos Claves:

• Más de $200 millones mensuales y $7.009 millones acumulados: El 16 de enero, la Tesorería General de la República depositó $204.951.320 a beneficiarios de pensiones de gracia del 18-O. Con esa transferencia, el monto total pagado desde el inicio del proceso alcanzó $7.009.644.357, equivalentes a US$8,2 millones, cifra comparable al costo de cerca de 70 ambulancias. De mantenerse el ritmo actual, el gasto podría superar los $9.000 millones hacia fines de 2026.
• Mayor concentración de beneficios en el gobierno de Boric: De los 418 beneficios vigentes, 270 fueron otorgados durante la actual administración, mientras que 148 se entregaron en el gobierno de Sebastián Piñera. El beneficio fue reforzado tras el anuncio realizado por Boric en su cuenta pública del 1 de junio de 2022, cuando señaló: “Hemos presentado una agenda integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social”. Añadió que esta agenda “Contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia”.
• Cuestionamientos por falsas víctimas y prontuarios previos: La Contraloría General de la República advirtió en su informe 419/2023 que 58 pensionados tenían antecedentes previos por delitos como estafa, tráfico de drogas, abuso sexual, robo con violencia y homicidio. En 2024 el gobierno revocó 28 beneficios y el 5 de febrero canceló tres más. Sin embargo, Tesorería no registró nuevas órdenes de cancelación durante 2025 ni en enero de este año.
• Lenta judicialización: solo dos formalizados tras más de dos años: En enero de 2024 el fiscal nacional Ángel Valencia encargó la investigación al fiscal Marcos Pastén. A la fecha, solo dos casos han sido formalizados por fraude de subvenciones:
  • Francisco Gatica Catalán, quien declaró haber sufrido una lesión ocular por un perdigón en 2019 y recibió $7.341.227 antes de la revocación. Posteriormente reconoció que su lesión fue producto de un accidente de tránsito. Actualmente cumple arresto domiciliario nocturno.
  • Robinson Jaramillo Monje, quien aseguró haber sido baleado por militares y recibió $6.896.461. Inicialmente quedó en prisión preventiva debido a condenas previas por violencia intrafamiliar y abuso sexual; luego su medida cautelar fue rebajada a arresto domiciliario total.
• El caso del ex prófugo Juan Francisco Villalobos Prado: El 16 de enero de 2026 recibió $694.868, acumulando $21.907.724 durante el gobierno de Boric. En enero se cumplió un año desde que el INDH dejó de respaldar su calidad de presunta víctima y ese mismo mes el tribunal cerró la causa por tortura sin acusados ni resolución judicial que acreditara su relato. A pesar de ello, continuó recibiendo el beneficio. Paralelamente, mantenía antecedentes por estafa y una condena previa por hurto.
• Mecanismo de asignación bajo cuestionamiento: El sistema se basó en testimonios presentados ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sin revisión obligatoria de antecedentes penales, ya que —según se indicó— no era un requisito legal. Esta vulnerabilidad es uno de los principales flancos abiertos para la nueva administración.
• Reacciones políticas y presión para revocar beneficios: El diputado y hoy senador electo Andrés Longton (RN) afirmó que pedirá a Kast “que revoque todas y cada una de las pensiones de gracia mal otorgadas a falsas víctimas del estallido social, que le están costando miles de millones de pesos a todos los chilenos”. Por su parte, el presidente electo José Antonio Kast publicó el 23 de febrero de 2024: “No sabían a quiénes le otorgaron pensiones de gracia. Ahora no saben a quienes le revocaron las mismas pensiones que dieron !! #GobiernoIncompetente”.
• Contexto de violencia durante el 18-O: Según la Fiscalía Nacional, el 65,9% de los delitos asociados al estallido estuvo vinculado a protestas y vandalismo, incluyendo saqueos, desórdenes públicos e incendios. Un 34,1% correspondió a causas por violencia institucional.

El debate sobre las pensiones de gracia del 18-O no solo abre una discusión sobre cifras y gasto fiscal, sino también sobre principios. En una democracia sana, la reparación debe estar dirigida exclusivamente a víctimas reales y acreditadas. Cuando recursos públicos terminan en manos de personas con antecedentes o casos sin respaldo judicial, se erosiona la confianza ciudadana y se debilita la legitimidad del propio Estado. Más aún, se envía una señal equivocada respecto de la responsabilidad individual: quien participa en hechos violentos debe asumir las consecuencias legales de sus actos, no recibir financiamiento estatal.

La normalización o justificación política de la violencia —impulsada y validada por sectores de la izquierda durante el estallido— termina desvirtuando la democracia que dicen defender. El próximo gobierno tendrá la tarea de corregir distorsiones, revisar cada caso con rigor y asegurar que nunca más el dinero de todos los chilenos sea utilizado en contextos que relativicen la violencia. Defender el orden democrático implica proteger tanto a las verdaderas víctimas como el principio básico de que la violencia no puede transformarse en un camino legítimo para obtener beneficios.