Escándalo en la educación pública: directores de SLEP suspendidos por corrupción e incompetencia siguen cobrando sueldos millonarios
Imagen generada con IA. Click para ampliar T
La crisis de la nueva educación pública en Chile suma un nuevo y grave episodio que vuelve a golpear la credibilidad del sistema: cinco directores ejecutivos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), suspendidos por faltas de gestión, irregularidades administrativas e incluso investigaciones penales, continúan recibiendo sueldos millonarios financiados con recursos del Estado, mientras escuelas enfrentan abandono, paros docentes y graves déficits de infraestructura. Todo esto fue dado a conocer gracias a Ex-Ante.
Puntos Claves:
- Sueldos millonarios sin ejercer funciones: Cinco directores ejecutivos de SLEP, suspendidos desde hace meses o incluso años, siguen percibiendo remuneraciones que van desde los $4,8 millones hasta más de $7 millones mensuales, pese a no estar ejerciendo sus cargos y a enfrentar procesos administrativos o judiciales graves.
- Atacama: cuatro años suspendido y sueldos completos:
Carlos Pérez Estay, director titular del SLEP de Atacama, fue suspendido en marzo de 2022 por graves problemas de gestión financiera. Desde entonces, el servicio ha tenido entre siete y ocho directores subrogantes, evidenciando un caos administrativo.
A pesar de llevar cuatro años alejado del cargo, Pérez Estay sigue recibiendo cerca de $5 millones mensuales como funcionario de planta y, según registros de Transparencia, recibió además pagos como funcionario a contrata y bonos de desempeño institucional y colectivo durante 2024. - Valparaíso: irregularidades graves y pagos cercanos a $7 millones:
En el SLEP de Valparaíso, Manuel Pérez Pastén, nombrado por Alta Dirección Pública en 2020, fue suspendido en mayo de 2022 tras denuncias por irregularidades en remuneraciones docentes, problemas en la dotación de profesores y deficiente infraestructura escolar.
Pese a la preocupación manifestada incluso por la Cámara de Diputados por la excesiva duración del sumario, Pérez Pastén continúa recibiendo entre $6 y $9 millones mensuales, con un promedio cercano a los $7 millones durante 2025. - Colchagua: investigación penal y perjuicio fiscal millonario:
El caso más grave es el del SLEP de Colchagua, en la Región de O’Higgins. Óscar Fuentes Román fue suspendido en marzo de 2023 tras detectarse graves irregularidades por parte de la Contraloría.
La Fiscalía de Alta Complejidad investiga posibles delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, luego de que se emitieran cheques a docentes con fondos Covid-19 y se realizaran traspasos sin autorización. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por un perjuicio fiscal superior a $2.253 millones.
A pesar de todo, Fuentes sigue recibiendo cerca de $4,8 millones mensuales. - Magallanes: crisis educativa y sueldos intactos:
En abril de 2025 fue suspendido Mario García Martínez, director del SLEP de Magallanes, tras una grave crisis que dejó a miles de estudiantes sin clases debido a un prolongado paro docente.
Desde el Ministerio de Educación se le responsabilizó por mala gestión y por ofrecer aumentos salariales sin respaldo legal ni financiero. Sin embargo, García continuó recibiendo sueldos que en noviembre y diciembre de 2025 alcanzaron los $7,7 millones brutos mensuales. - Aconcagua: suspendida antes de comenzar a operar:
El caso del SLEP de Aconcagua resulta especialmente alarmante. Carmen Gloria Martínez fue suspendida en septiembre de 2025, incluso antes de que el servicio comenzara a administrar las escuelas.
Aunque las causas son reservadas, profesores denunciaron contrataciones de personal no idóneo, uso inadecuado de vehículo institucional y otras irregularidades. El Colegio de Profesores calificó la situación como “muy grave”. Pese a ello, Martínez sigue recibiendo alrededor de $6 millones mensuales. - Una ley que protege a los incompetentes:
Desde la Dirección de Educación Pública, encabezada por Rodrigo Egaña, se argumenta que los procesos de remoción son complejos y extensos debido al diseño legal aprobado en 2017. El propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que el sistema hace “muy complejo” destituir a un director ejecutivo.
En la práctica, la normativa —impulsada bajo la lógica de la izquierda y su reforma educacional— ha terminado protegiendo a funcionarios cuestionados, permitiendo que sigan cobrando sueldos completos mientras los procesos disciplinarios se “eternizan”. Solo por solicitud del Servicio Civil es posible reducir las remuneraciones a la mitad.
La situación de los SLEP expone con crudeza una combinación de corrupción, incompetencia y diseño institucional deficiente que hoy tiene como principales perjudicados a los estudiantes, profesores y comunidades educativas. Mientras las escuelas enfrentan plagas, falta de docentes, infraestructura en mal estado y paros prolongados, directivos suspendidos continúan recibiendo sueldos millonarios sin asumir responsabilidades reales.
Este nuevo escándalo vuelve a poner en entredicho la gestión del actual gobierno y de la izquierda, que prometió una educación pública más justa y eficiente, pero que en la práctica ha consolidado un sistema rígido, opaco y profundamente desconectado de las necesidades reales de las familias chilenas. La indignación crece, y con razón, frente a un modelo que parece castigar a quienes estudian y trabajan en las escuelas, mientras protege a quienes fallan en administrar recursos públicos.
