Escándalo de probidad: Sociedad de la suegra y cuñados de Camila Vallejo facturó $1.209 millones a hospital público en Chillán

Una investigación periodística del medio El Líbero reveló que una empresa médica de propiedad de la suegra, los cuñados y el padrastro del esposo de la exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, militante del Partido Comunista (PC), facturó un millonario monto superior a los mil doscientos millones de pesos al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán durante la pasada administración del expresidente Gabriel Boric. La controversia estalló luego de comprobarse que la exsecretaria de Estado ocultó de forma sistemática la identidad de estos familiares directos en su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), un documento legal obligatorio que sirve para que la ciudadanía controle que los gobernantes no beneficien a sus propios parientes con contratos públicos, levantando serias sospechas de corrupción y nepotismo en el uso de los fondos de salud.

Puntos Claves:

• El millonario aumento de contratos estatales: La sociedad «Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada», integrada por la suegra de Vallejo (la médica Andrea San Martín), sus cuñados (Claudio y Valeria Zicavo) y el esposo de su suegra (Osvaldo Aguiló), recibió un total de $1.209.142.236 mediante 53 órdenes de compra emitidas por el hospital público de Chillán durante los cuatro años del gobierno anterior, cifra que representa el 56% de todo el dinero que dicha empresa le ha ganado al Estado chileno en los últimos 15 años.
• Dudas sobre los cobros y servicios reales: La sociedad cuestionada se dedicaba a prestar servicios médicos al hospital, específicamente consultas y operaciones de oftalmología (la especialidad médica que trata las enfermedades de los ojos). Sin embargo, frente al grave ocultamiento de información en las declaraciones oficiales y a las redes de parentesco detectadas en las licitaciones, actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes determinar si existió un sobreprecio en estos contratos y comprobar si la totalidad de estos millonarios servicios médicos cobrados fueron efectivamente prestados a los pacientes.
• Ocultamiento de datos obligatorios por ley: La exministra Vallejo infringió la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública al dejar fuera de su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) —que es el registro oficial donde las autoridades deben anotar sus bienes y los nombres de sus parientes para evitar sospechas— a su suegra y a la mayoría de sus cuñados, dejando además completamente en blanco la casilla destinada a detallar otras fuentes de conflicto de interés, que ocurren cuando los intereses personales de una autoridad chocan con el beneficio público.
• El oportuno retiro del esposo de la sociedad: Abel Zicavo, esposo de la exautoridad del Partido Comunista, fue el socio mayoritario de este negocio familiar con un 71% de las acciones, pero en marzo del año 2018, cuando ya era pareja de la entonces diputada Camila Vallejo, vendió rápidamente toda su participación a su madre y hermanos, quedando fuera de los papeles legales justo antes de que su sector político llegara a los más altos cargos del aparato estatal.

Posibles irregularidades y redes de amiguismo en Chillán

• Tráfico de influencias y licitaciones bajo sospecha: En las licitaciones —que son los concursos públicos donde el Estado elige a la mejor empresa para un servicio— se detectó que el jefe del Servicio de Oftalmología del hospital de Chillán, Raúl San Martín Geisse, actuó como evaluador para asignarle los contratos a la empresa de la suegra de Vallejo. Las alarmas de tráfico de influencias, que es el uso ilegal de un cargo para favorecer a conocidos, se encendieron al descubrirse que ambos médicos son socios en otra firma privada y que sus padres comparten los mismos apellidos, lo que revela un presunto vínculo de parentesco directo.
• La condena de los expertos en transparencia: El expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, criticó duramente la conducta de la exvocera de Gobierno al señalar que «la omisión de la exministra Vallejo no es un detalle meramente formal, pues la DIP deja de cumplir su función si la información relevante está fragmentada o derechamente ausente», explicando que estas acciones debilitan los controles de fiscalización y dañan gravemente la fe pública.

Este caso deja en evidencia el profundo doble estándar de un sector político que llegó al poder con un discurso de superioridad moral y promesas de transparencia, pero que terminó utilizando las instituciones del Estado para favorecer los negocios privados de sus círculos familiares más íntimos. Ocultar de los registros legales a los parientes que se enriquecen con contratos públicos no es un error de tramitación, sino una maniobra destinada a eludir la fiscalización de los chilenos, impidiendo saber si esos millonarios recursos se entregaron a dedo o por mérito real.

La gravedad de estos hechos exige que la Contraloría General de la República y la justicia investiguen la posible existencia de los delitos de negociación incompatible —cuando una autoridad se interesa en un negocio familiar usando su cargo— y fraude al fisco. Mientras miles de familias chilenas sufren el abandono de la salud pública y esperan años por una atención médica elemental, resulta inaceptable que los fondos destinados a los enfermos terminen financiando las cuestionadas redes comerciales de los familiares de las más altas autoridades del Partido Comunista.