Escándalo en la Región Metropolitana: Claudio Orrego evita el desafuero en Caso ProCultura pese a millonario traspaso a fundación de su amigo Alberto Larraín
Imagen generada con IA. Click para ampliar T
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad (24 votos contra 0) la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del Caso ProCultura. La Fiscalía buscaba formalizarlo por su presunta participación en el traspaso de $1.686 millones a la fundación dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, cercano y amigo político del gobernador. Aunque la decisión judicial impide por ahora avanzar penalmente en su contra, las dudas sobre probidad y conflicto de interés siguen abiertas.
Puntos Claves:
- La Corte rechazó el desafuero y Orrego evita ser formalizado:
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió de forma unánime no quitarle el fuero al gobernador Claudio Orrego. Sin desafuero, la Fiscalía no puede formalizarlo ni pedir medidas cautelares.
El presidente del tribunal, Fernando Carreño Ortega, informó que «El Tribunal Pleno de esta Corte de Apelaciones, por unanimidad, desestimó hacer lugar a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del Gobernador Regional señor Claudio Orrego Larraín». - ¿Qué investiga la Fiscalía? Un posible fraude al fisco por casi $1.700 millones:
El Ministerio Público indaga la transferencia de $1.686 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura en 2022. El dinero era para ejecutar el programa “Quédate”, destinado a la prevención del suicidio en plena crisis de salud mental post pandemia.
Según la Fiscalía, la fundación no tenía experiencia en el área y el convenio se habría gestado por la cercanía entre Orrego y Alberto Larraín, director ejecutivo de ProCultura y considerado su ahijado político en la Democracia Cristiana. - Asignación “a dedo” y posible conflicto de interés:
La Fiscalía sostiene que los fondos fueron entregados sin licitación pública, es decir, sin competencia abierta entre distintas organizaciones.
El fiscal Cristián Aguilar afirmó ante la Corte que «Estima la Fiscalía que se han vulnerado distintos principios, atendido a que (Orrego) ha incumplido gravemente los deberes de su cargo y función, entre los cuales se encuentra el de probidad administrativa, de preeminencia del interés general en la función pública, de imparcialidad, de eficiencia, de eficacia, de transparencia y de abstención, atendido a que el señor gobernador mantenía un vínculo de amistad, un vínculo de cercanía política y, además, había mantenido nexos de corte laboral con el señor Larraín, y aquel mantenía el cargo de director ejecutivo de la fundación».
En palabras simples: la Fiscalía acusa que Orrego no se habría restado de una decisión que beneficiaba a una persona cercana, lo que podría constituir un grave conflicto de interés. - Millones no restituidos e inversión en fondos mutuos:
Parte de los recursos transferidos no fueron ejecutados en el programa y más de $1.000 millones no habrían sido restituidos. Además, el mismo día en que ProCultura recibió el dinero, lo invirtió en fondos mutuos, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre el uso real y oportuno de los recursos públicos. - La defensa de Claudio Orrego habla de sobreseimiento:
El abogado defensor de Claudio Orrego, Ciro Colombara, aseguró que tras esta decisión esperan el cierre definitivo del caso y declaró que «desde nuestra perspectiva es que habrá un sobreseimiento definitivo».
La defensa sostiene que el programa “Quédate” fue real y que benefició a más de 15 mil personas, además de señalar que el Gobierno Regional presentó acciones judiciales para recuperar los fondos. - Nuevo revés para la Fiscalía en un caso sensible:
Este fallo se suma a otras decisiones judiciales adversas para el Ministerio Público, como el rechazo a la prisión preventiva del propio Alberto Larraín y otros imputados.
Sin embargo, la Fiscalía aún puede evaluar nuevas acciones una vez que conozca el detalle de la sentencia. - Un caso que golpea la confianza pública:
El dinero involucrado estaba destinado a personas vulnerables con problemas de salud mental. Por eso, el debate no es solo legal, sino también ético y político.
Aunque la Corte no permitió avanzar con la formalización, la pregunta que queda instalada es si una autoridad puede transferir millonarios recursos públicos a una fundación liderada por un amigo cercano sin que eso genere, al menos, una responsabilidad política. - Crisis interna en la Fiscalía tras los reveses del caso ProCultura:
El fiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, quien hasta hace poco lideraba la investigación del caso ProCultura, renunció al Ministerio Público en medio de los duros golpes judiciales sufridos en la causa, como el rechazo a la prisión preventiva de Alberto Larraín y el desafuero de Claudio Orrego. Antes de su salida, denunció por maltrato laboral a su superior, el fiscal regional Juan Castro Bekios, acusando un ambiente de hostigamiento y falta de transparencia en la conducción del caso.
En su denuncia, Ríos afirmó que lo vivido por él y su equipo “se parece demasiado a un proceso de mobbing” (acoso laboral sistemático dentro del trabajo, que puede incluir aislamiento, desautorizaciones y presión constante). Su salida deja en evidencia tensiones internas en una investigación que ya había pasado por varios fiscales y que enfrenta un escenario complejo, justo cuando se intentaba avanzar en responsabilidades por el millonario traspaso de fondos públicos en la Región Metropolitana.
La decisión judicial permite que Claudio Orrego continúe en su cargo sin enfrentar, por ahora, cargos formales. Sin embargo, la investigación sobre el uso de $1.686 millones destinados a un programa social sensible sigue generando inquietud ciudadana.
Cuando se trata de recursos públicos y posibles conflictos de interés, la exigencia de transparencia debe ser máxima. Más allá del resultado procesal, el caso ProCultura deja abierta una discusión profunda sobre probidad, amistad en política y el correcto uso de fondos que pertenecen a todos los chilenos.
