PDI bajo presión judicial: 659 funcionarios demandan por bono mal calculado, Gobierno se limita a comentar la situación que todas las demandas sigan su curso

La Policía de Investigaciones enfrenta una crisis judicial inédita tras un error en el cálculo de la gratificación de zona que afecta a cientos de sus funcionarios. En total, 659 funcionarios y exfuncionarios han demandado a la institución para exigir el pago íntegro de sus haberes, lo que ya le ha costado al Estado casi $1.000 millones. Mientras las cortes continúan fallando a favor de los demandantes, el ministro de Justicia y Seguridad, Luis Cordero, asegura que el Ejecutivo no tiene más que “asumir” lo que determinen los tribunales, dejando en evidencia un problema arrastrado por décadas y que ahora golpea al erario público.

Puntos Claves:

• 659 funcionarios demandan a la PDI por pago incompleto de bono de zona: La disputa surge por un error en el cálculo de la gratificación que afecta al personal en ciudades extremas. Aunque la Contraloría resolvió en 2021 que el nuevo método era correcto, la institución solo ha pagado desde esa fecha y no de manera retroactiva, generando la ola de recursos judiciales.
• Pago parcial y costos al Estado: Hasta ahora, solo 139 funcionarios y exfuncionarios han recibido lo que corresponde, sumando casi $997 millones. Sin embargo, aún quedan más de 500 causas pendientes, lo que amenaza con inflar la deuda pública por un error que pudo evitarse.
• Error arrastrado desde 1998: El problema se origina cuando la PDI no incluyó correctamente la “Asignación de Especialidad de Grado Efectivo” en la base de cálculo, pese a que ya en 2015 la Contraloría había aclarado que debía considerarse. El cambio recién se implementó en 2019, y el pago comenzó dos años más tarde, sin retroactividad.
• Las cortes fallan a favor de los funcionarios: La batalla judicial partió en Coyhaique, con dos exfuncionarios que llegaron hasta la Corte Suprema. Esta instancia revocó la decisión inicial y obligó a la PDI a pagar la gratificación de manera íntegra, lo que abrió la puerta a cientos de nuevas demandas en todo el país.
• Controversia sobre retroactividad: La PDI sostiene que los pagos solo pueden retrotraerse hasta 2009, argumento cuestionado por funcionarios y contradicho por fallos de la Corte Suprema. Esta diferencia mantiene en vilo a cientos de trabajadores que, aunque ya tienen sentencias favorables, siguen esperando sus pagos.
• Exdirectores en la lista de demandantes: Entre los 659 demandantes figuran incluso exdirectores generales de la PDI, como Sergio Muñoz y Héctor Espinosa. Ambos solicitaron el beneficio, pero sus recursos fueron rechazados recientemente por las Cortes de Valparaíso y Santiago, respectivamente.
• Gobierno evita asumir responsabilidad política: El ministro Luis Cordero declaró que “El Ejecutivo no tiene más que asumir las decisiones jurisdiccionales”, desligando al Gobierno de un problema que se arrastra por años y que hoy genera un fuerte impacto fiscal. En sus palabras: “Nosotros creemos que los errores de cálculo en el tema de asignaciones… tienen consecuencias en el patrimonio fiscal, que este es el mejor ejemplo”. Estas declaraciones fueron leídas como una señal de distancia más que de solución concreta, reforzando la crítica hacia la falta de control administrativo.

La situación refleja un largo historial de errores administrativos que no solo perjudicaron a los funcionarios policiales, sino que también comprometen recursos públicos millonarios. El Gobierno, en vez de liderar una solución clara y definitiva, parece limitarse a esperar lo que dictamine la justicia.

Para los funcionarios afectados, el tema no es solo monetario, sino también de dignidad y reconocimiento a su labor en condiciones extremas. Cada retraso y cada excusa institucional refuerzan la sensación de abandono, mientras la deuda del Estado sigue creciendo a vista y paciencia de las autoridades.