Presidencia desafía la transparencia: La Moneda busca frenar por tercera vez la entrega de correos del caso Monsalve ante la Corte Suprema

La Presidencia de la República, encabezada por el Presidente Gabriel Boric, presentó un recurso ante la Corte Suprema para impedir la entrega de correos electrónicos entre los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi Serrano y Carlos Durán Faúndez, en el marco del caso Monsalve. El Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Corte de Apelaciones de Santiago ya habían ordenado al Ejecutivo liberar la información, pero La Moneda insiste en que los correos “no existen”. El episodio refleja una tensión creciente entre el discurso de transparencia que ha caracterizado al actual gobierno y sus prácticas reales cuando la fiscalización apunta al corazón del poder presidencial.

Puntos Claves:

• Gobierno contra Transparencia: La Moneda recurrió a la Corte Suprema para intentar revertir una orden del Consejo para la Transparencia (CPLT) que la obliga a entregar correos electrónicos institucionales intercambiados entre los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi Serrano y Carlos Durán Faúndez. El Ejecutivo alega que esos correos simplemente “no existen”.
• Origen del conflicto: La controversia se originó cuando el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) solicitó, a fines de 2024, las copias de los correos enviados y recibidos entre el 14 y el 18 de octubre de ese año. Su objetivo era conocer las gestiones internas en La Moneda para reemplazar al entonces subsecretario Manuel Monsalve, denunciado por violación.
• Rechazo tras rechazo: Tras la negativa inicial del Gobierno, Lagomarsino presentó un amparo ante el CPLT, que falló a su favor. Presidencia apeló sin éxito ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la orden de entrega. Pese a ello, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Presidencia, presentó ahora un recurso de queja ante la Corte Suprema acusando “faltas o abusos graves” en la resolución judicial.
• El argumento de la inexistencia: Según el CDE, la Corte de Apelaciones habría ordenado “entregar correos electrónicos que no existen”. Presidencia afirmó que, tras revisar las casillas de correo de Crispi y Durán, no se hallaron comunicaciones sobre el caso Monsalve. Sin embargo, este argumento fue descartado previamente porque no fue planteado durante la etapa administrativa, cuando el Ejecutivo se limitó a oponerse a la revisión alegando “derechos constitucionales”.
• Una defensa contradictoria: En su presentación, el CDE sostuvo que Presidencia “no podía declarar la inexistencia” de los correos antes, porque los asesores habían ejercido su derecho a oponerse a la revisión de sus mensajes (amparados en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y el artículo 19 N°5 de la Constitución). No obstante, esa contradicción —negar el acceso sin verificar la existencia— ha generado duras críticas al manejo del caso y a la falta de coherencia con el discurso de transparencia del gobierno.
• Fallo firme ignorado: De acuerdo con la Corte de Apelaciones de Santiago, el fallo que ordena la entrega de los correos “se encuentra firme y ejecutoriado”, lo que implica que Presidencia ya debería haber cumplido la resolución. Sin embargo, el Ejecutivo no ha entregado los mensajes, escudándose en la tramitación del recurso de queja ante la Suprema.
• Críticas del Congreso: El diputado Lagomarsino aseguró que el fallo “ya está firme y ejecutoriado” y que el recurso de Presidencia “no constituye apelación”. En sus palabras: “Ya habiendo transcurrido poco más de un mes, todavía dichos correos no han sido entregados como lo ha ordenado la Corte de Apelaciones de Santiago”.
• El reflejo de una crisis política: Este nuevo capítulo revive las dudas sobre la real vocación de transparencia del gobierno de Boric. El caso Monsalve, que ya había tensionado la credibilidad del Ejecutivo el año pasado, vuelve a instalar el debate sobre cómo la “nueva generación” que llegó prometiendo ética y apertura institucional parece hoy replicar las viejas prácticas de opacidad que criticó en sus adversarios.
• El fantasma del discurso de Boric: A un año del polémico discurso de 55 minutos que el propio Presidente Boric dio en plena crisis del caso Monsalve, analistas como Daniel Mansuy han cuestionado la tendencia del Mandatario a personalizar los conflictos y a convertir la institución en un escudo personal. “Ese día, el Presidente puso la institución al servicio de Gabriel”, reflexionó Mansuy, aludiendo al daño simbólico de esa actitud en una administración que prometía justamente lo contrario.
• Un gobierno atrapado en sus propias contradicciones: Lo que comenzó como un compromiso con la transparencia se ha convertido en un ejercicio de defensa institucional que roza la opacidad. La Moneda parece más preocupada por blindar a sus asesores que por cumplir la ley, y en esa paradoja se diluye la credibilidad de un Ejecutivo que ha hecho de la ética pública su principal bandera.

Pese a que el Consejo de Defensa del Estado insiste en que los correos “no existen”, la negativa reiterada del Ejecutivo a entregar la información ordenada por los tribunales deja la sensación de que hay más que proteger que simples casillas vacías. Esta actitud erosiona la confianza en las instituciones y proyecta la imagen de un gobierno que habla de transparencia, pero actúa con secretismo.

El caso Monsalve vuelve a poner en evidencia las debilidades políticas y comunicacionales de un Presidente que ha hecho del idealismo su principal carta, pero que no logra distinguir entre el interés personal y la responsabilidad institucional. La insistencia en evitar la entrega de información pública no solo daña la imagen de Gabriel Boric y su equipo, sino que también golpea a toda una generación que prometió ser distinta, pero que hoy parece más preocupada de proteger el poder que de rendir cuentas ante la ciudadanía.