Minsal exige autorización de los padres para que niños menores de 14 años ingresen al programa trans PAIG y mantiene acceso sin consentimiento familiar desde esa edad

El Ministerio de Salud (Minsal) introdujo cambios relevantes al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), estableciendo nuevas exigencias para el ingreso de niños, niñas y adolescentes. La medida, contenida en una circular publicada el 5 de diciembre, ha reabierto el debate sobre el rol del Estado, la familia y los límites del acompañamiento en materias de identidad de género, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Puntos Claves:

• Nueva exigencia para menores de 14 años: A través de la Circular N°8, firmada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell Guerra, el Minsal ordenó que todos los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años deberán contar con autorización de al menos uno de sus padres o representantes legales para ingresar al PAIG.
  Esta exigencia se funda en la Ley N°21.722 de Presupuestos 2025, que mandata explícitamente dicho consentimiento familiar, reforzando el rol de los padres en decisiones sensibles que afectan el desarrollo de sus hijos.
• Diferencia clara entre menores de 14 y mayores de 14 años:
  La circular establece una distinción clave:
  • Menores de 14 años: No pueden ingresar al PAIG sin autorización familiar expresa.
  • Desde los 14 años en adelante: La sola manifestación de voluntad del adolescente es suficiente para acceder al programa, sin requerir consentimiento de padres o tutores.
    Este punto ha generado preocupación en sectores que consideran que, incluso sobre los 14 años, los menores siguen siendo legal y emocionalmente inmaduros para enfrentar procesos complejos sin una participación responsable de sus familias.
• Fin a presiones sobre las familias: La normativa advierte que ejercer “coacción, amenazas, presión indebida o cualquier forma de intimidación” sobre padres o representantes legales para forzar la autorización constituye una vulneración grave al principio de probidad. Esto apunta directamente a prácticas avaladas en orientaciones previas, donde incluso se sugería recurrir a organismos administrativos o judiciales frente a la oposición familiar.
• Cambio respecto a reglamentos anteriores: Hasta ahora, el PAIG operaba bajo normas que no fijaban edad mínima ni exigían consentimiento familiar, limitándose a informar a los representantes legales. Tanto durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera como en la actual administración, se promovieron lineamientos que permitían el ingreso de menores incluso frente a la negativa de sus padres, lo que hoy es duramente cuestionado por considerarse una forma de intervención estatal excesiva en la vida familiar.
• Críticas del Movilh: El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acusó al Estado de dejar a los niños trans en la “indefensión” y cuestionó duramente la decisión. Su vocera, Javiera Zúñiga, afirmó que “tanto el Minsal como el Congreso Nacional, en la Ley de Presupuestos 2025, están pasando por alto el espíritu de la Ley de Identidad de Género, toda vez que el PAIG fue creado por esa norma para dar respuesta a los menores de 14 años y sus familias”.
  También señaló que “el Estado ha demostrado ser tan insensible como inexperto para abordar la realidad de niños y niñas trans menores de 14 años, y ha preferido ceder a una campaña de desinformación y discriminación impulsada por diversos sectores”.
• Visión crítica al acompañamiento sin límites: Desde sectores políticos y sociales críticos de la hominización temprana, se plantea que el PAIG ha funcionado como una puerta de entrada a procesos ideológicos complejos, sin resguardos suficientes para la madurez emocional de los niños. La preocupación central apunta a que el Estado no puede reemplazar a la familia ni relativizar la responsabilidad parental en decisiones que pueden tener consecuencias profundas y permanentes.
• Postura desde el Congreso: El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, valoró la medida como un avance, pero pidió extender la exigencia de autorización familiar hasta los 18 años. “Un adulto puede hacer lo que estime conveniente con su vida, con su cuerpo, pero a un menor de 18 años siempre un padre debe manifestar su voluntad”, señaló.
  En la misma línea, el diputado Diego Schalper destacó que la decisión va en el sentido de “respetar la indemnidad de los niños” y proteger el derecho de los padres a acompañar y educar a sus hijos.
• Aclaración del Minsal: La cartera de Salud aseguró que el PAIG no se elimina y que seguirá funcionando como un programa de acompañamiento psicosocial. Según explicaron, el objetivo de la circular es “garantizar que las familias estén plenamente informadas” antes de autorizar la participación de sus hijos, descartando que se trate de una prohibición total.

La modificación al PAIG marca un punto de inflexión en una política pública que durante años avanzó minimizando el rol de la familia frente a decisiones delicadas que afectan a menores de edad. Si bien el debate continúa, el cambio introduce un criterio de mayor prudencia para los niños menores de 14 años, aunque mantiene abierto el cuestionamiento sobre el acompañamiento estatal a adolescentes desde los 14, edad en la que siguen siendo menores de edad y requieren, para muchos, una protección más firme y responsable por parte del Estado y sus familias.

En un contexto de alta polarización, la discusión sobre identidad de género en menores exige claridad, límites y, sobre todo, poner en el centro el bienestar integral de los niños, evitando que sean objeto de experimentación ideológica o presiones externas que no siempre consideran su real capacidad de discernimiento ni las consecuencias a largo plazo.