Contraloría confirma «telefonazo» de exministra Aguilera: Cirugía exprés en Providencia coincidió con muerte de otro paciente

La Contraloría General de la República confirmó que Manuel Nájera De Ferrari, jefe de asesores de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, intervino mediante gestiones directas para asegurar una atención prioritaria para la madre de la autoridad en el Hospital del Salvador, ubicado en la comuna de Providencia. Según un informe de 32 páginas, estas coordinaciones irregulares ocurrieron el 23 de diciembre de 2025, permitiendo que la mujer de 87 años fuera operada de la cadera en tiempo récord. Sin embargo, el hecho más grave revelado es que esta priorización coincidió con la postergación de la cirugía de otro paciente en estado crítico, quien lamentablemente falleció días después mientras permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Puntos Claves:

• Muerte de paciente postergado: La investigación determinó que, para privilegiar la operación de la madre de la exministra, se debió postergar la intervención de un paciente grave, quien falleció posteriormente tras no recibir el tratamiento quirúrgico en el tiempo requerido.
• Gestiones fuera de protocolo: Manuel Nájera De Ferrari se comunicó por diversos medios con tres autoridades clave del Hospital del Salvador, incluyendo al director Jorge Zajjur Castro y al jefe de Urgencias, Allan Mix Vidal, quienes se encontraban en su feriado legal al momento de los hechos.
• Privilegios sin justificación médica: El ente fiscalizador determinó que no existían motivos clínicos para la rapidez del procedimiento, señalando que «no se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, por lo que la situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley».
• Adulteración de documentos públicos: El informe revela que la ficha clínica de la madre de la exministra fue modificada el 24 de diciembre mediante el uso de credenciales prestadas de una enfermera, siguiendo instrucciones de la jefatura para regularizar el ingreso «exprés» al sistema.
• Impacto en la lista de espera: La irrupción de esta cirugía no programada provocó la postergación de una intervención y la cancelación de otras dos en el hospital, en una jornada donde 29 personas aguardaban por entrar a pabellón, algunas con hasta doce días de retraso.
• Posible tráfico de influencias: La Contraloría advirtió que estas acciones podrían infringir el principio de probidad administrativa estipulado en la Ley 18.575, ya que un funcionario público no puede utilizar su cargo para beneficios ajenos a la institución.

Reacciones y consecuencias legales

• Denuncia de parlamentarios: Los diputados de la UDI, Daniel Lilayu y Guillermo Ramírez, fueron quienes oficiaron al organismo fiscalizador, calificando el hecho como una vulneración gravísima a los protocolos de salud que afectan a los chilenos más vulnerables.
• Cita del Diputado Daniel Lilayu: «No se trata de hechos menores ni de simples coordinaciones administrativas, sino que de gestiones que están completamente fuera de los protocolos clínicos y que no tienen justificación».
• Declaración de la exministra: Ximena Aguilera ha insistido en su postura inicial, afirmando: «Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre».

Este escándalo del «telefonazo» deja al descubierto una preocupante cultura de privilegios en el seno de la administración anterior, donde la cercanía al poder parece haber pesado más que la vida misma de los ciudadanos. Mientras el discurso oficial de la izquierda promovía una supuesta equidad en el sistema público, los hechos constatados por Contraloría demuestran que, en la práctica, se utilizaron influencias políticas para saltarse las filas, con el trágico resultado de un paciente fallecido cuya atención fue relegada.

La confirmación de que se alteraron registros clínicos y se saltaron protocolos básicos no solo representa una falta ética, sino un golpe directo a la confianza en la salud pública chilena. En un sistema donde la eficiencia debería ser la prioridad para salvar vidas, el uso de asesores ministeriales para gestionar beneficios familiares es una muestra de ineficiencia y abuso de poder que no puede quedar impune ante la justicia ni ante la ciudadanía que sufre diariamente la crisis hospitalaria.