Escándalo por sobreprecios en compras de tierras durante gobierno de Boric: CONADI y Vivienda pagaron hasta un 153% más del valor real en La Araucanía y la Región Metropolitana

Informes de la Contraloría General de la República y datos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) revelaron graves irregularidades y una falta total de control en la compra de terrenos durante la administración del expresidente Gabriel Boric entre 2022 y 2025. Las auditorías detectaron que el Estado pagó precios inflados artificialmente de hasta $20 millones por hectárea (enlace externo El Líbero) mediante conceptos cuestionables como «paisajismo», mientras que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) adquirió suelos en zonas donde no se necesitaban y sin respetar el marco legal, (enlace externo Bio Bio) dejando millonarios recursos públicos en entredicho mientras miles de familias siguen esperando por una solución habitacional.

Puntos Claves:

• Valores inflados en La Araucanía: La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo encargado de promover el desarrollo de los pueblos originarios, pagó hasta $20 millones por hectárea en comunas como Villarrica, lo que representa un aumento del 153% respecto al valor promedio. Mientras que en el gobierno anterior el precio promedio era de $4,6 millones, bajo la gestión de Boric este saltó a $7,9 millones, una subida del 72% pagando mucho más por menos terreno.
• Conceptos ficticios para aumentar precios: El actual director de la institución, Ignacio Malig, denunció el uso de criterios como «paisajismo» (belleza del entorno) y «pertinencia cultural» para inflar el valor de las tasaciones hasta en un 30%. Según Malig, “estos dos conceptos hacen que, si bien en las compras se pagó el valor de la tasación, estas tasaciones tienen lo que yo considero un problema, ya que permiten aumentar el valor de la tierra”.
• Salto en la lista de espera: Se detectó que el gobierno benefició a comunidades que estaban en lugares rezagados del orden de prelación, que es la lista de espera oficial por orden de prioridad. Por ejemplo, la comunidad Lorenzo Necul recibió terrenos en 2025 pese a estar en el puesto 639, saltándose a más de 200 comunidades que tenían el derecho preferente y que aún no reciben nada.
• Compras a comunidades en conflicto: En 2024, la CONADI compró el fundo El Nudo en Freire por más de $10.000 millones para la comunidad Lof Trapilhue, a pesar de que el predio estaba «perturbado» (ocupado ilegalmente). La normativa prohíbe comprar tierras que estén en disputa o tomadas, pero la administración de Boric validó esta práctica que premia la violencia rural.

Irregularidades en la Gestión de Vivienda (MINVU)

• Descontrol en el Plan de Emergencia Habitacional: La Contraloría detectó que el Ministerio de Vivienda, bajo la gestión de Carlos Montes, compró 252 hectáreas en regiones como Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos donde el propio plan indicaba que no era necesario adquirir suelos. Además, en la Región Metropolitana se pagaron precios que duplicaron y hasta triplicaron el valor de referencia de 6 UF (Unidad de Fomento, medida que se ajusta con la inflación) por metro cuadrado.
• Incumplimiento de la ley y falta de proyectos: El gobierno operó durante cuatro años sin dictar el reglamento que la ley exigía para regular estas compras, lo que permitió adquirir terrenos a discreción. El informe de Contraloría es tajante al señalar que “la adquisición de suelos para el PEH estuvo marcada por irregularidades sistemáticas”. Lo más grave es que, de 25 terrenos analizados, 16 no tienen ningún proyecto de vivienda asociado, permaneciendo como sitios eriazos años después de su compra.
• Tratos directos sin justificación: En 11 de los 21 casos revisados en la Región Metropolitana y Aysén, el Ministerio de Vivienda realizó compras por «trato directo» (sin licitación ni competencia) sin presentar la resolución legal que justificara por qué no se buscó un mejor precio para el Estado. Solo en cinco predios de San Miguel se gastaron más de $55.000 millones bajo esta modalidad opaca.

Este escenario revela una gestión ineficiente y profundamente cuestionable por parte del gobierno anterior, donde la ideología pareció primar sobre la responsabilidad fiscal. Mientras el discurso oficial hablaba de urgencia habitacional y justicia para los pueblos originarios, la realidad muestra un despilfarro de recursos en terrenos que hoy no tienen ni una sola piedra puesta para construir casas, beneficiando a unos pocos y saltándose la fila de miles de ciudadanos que cumplen con la ley.

Es inaceptable que en un país con necesidades tan apremiantes se hayan pagado sobreprecios millonarios basados en conceptos subjetivos como el «paisajismo». La falta de un reglamento y el uso de tasaciones sin control externo no son solo errores administrativos; representan un daño directo al patrimonio de todos los chilenos y una burla para quienes ven cómo el sueño de la casa propia se aleja debido a la impericia y la falta de transparencia de una administración que falló en su misión más básica: administrar con rigor el dinero público.