Contralora Dorothy Pérez advierte que incendios en Ñuble y Biobío podrían dejar sin fondos el reajuste del sector público

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, encendió una alerta clave en medio del debate por la Ley de Reajuste al Sector Público, al advertir que los graves incendios que afectan al sur del país podrían obligar al Estado a usar los recursos de emergencia, dejando sin financiamiento real el aumento de sueldos comprometido por el Gobierno, en un contexto de estrechez fiscal y déficit estructural.

Puntos Claves:

• Una advertencia clara sobre el uso de los recursos públicos: Dorothy Pérez explicó ante la Comisión de Hacienda del Senado que los fondos considerados para financiar el reajuste del sector público no están reservados exclusivamente para ese fin. Se trata de recursos que históricamente se usan para enfrentar emergencias, como incendios, catástrofes naturales o gastos imprevistos del Estado.
  Cita: “Cuando uno alude a líneas de presupuesto en las cuales uno financia habitualmente emergencias, atendida a la emergencia que estamos viviendo en el sur del país con la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para la ley de reajuste”.
• Incendios de gran magnitud cambian las prioridades del gasto: Los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío han provocado daños extensos y requieren una fuerte respuesta del Estado. Según explicó la contralora, es muy probable que una parte importante de las provisiones presupuestarias deba destinarse a la emergencia, lo que reduce o incluso elimina la disponibilidad de fondos para financiar el reajuste salarial.
• El Consejo Fiscal Autónomo respalda la alerta: El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo técnico e independiente, coincidió con la Contraloría en que los recursos actualmente disponibles no alcanzan para financiar el reajuste. Estimó una brecha de financiamiento cercana a US$ 822 millones, dinero que debería obtenerse mediante reasignaciones presupuestarias o mayor uso de provisiones, las mismas que hoy se necesitan para emergencias.
• Fondos que no son de libre disposición: El CFA explicó que gran parte de las asignaciones del Tesoro Público están comprometidas para gastos permanentes establecidos por ley, como indemnizaciones, bonos y cotizaciones previsionales derivadas de la reciente reforma de pensiones. Por lo tanto, no se trata de recursos “sobrantes” que puedan usarse libremente sin generar nuevos problemas fiscales.
• Déficit fiscal y gasto sin respaldo: Tanto la Contraloría como el CFA recordaron que el proyecto de reajuste se discute en un escenario complejo: déficit estructural persistente, deuda pública cercana al nivel prudente y bajo nivel de ahorros fiscales. Comprometer aumentos permanentes de gasto sin financiamiento estable profundiza el desorden fiscal y pone en riesgo las cuentas públicas.
• Críticas del oficialismo y la izquierda: Desde el Partido Comunista, el Frente Amplio y sectores del socialismo y el PPD, se acusó a la contralora de “extralimitarse” o “entrometerse” en un debate político. Sin embargo, la función de la Contraloría incluye advertir cuando los recursos no están asegurados y cuando existe riesgo de comprometer fondos que el Estado podría necesitar con urgencia para enfrentar catástrofes.
• Transparencia y orden frente a discursos políticos: La advertencia de Dorothy Pérez no define si debe o no existir reajuste, sino que expone una realidad básica: hoy no está claro de dónde saldrá el dinero. Ignorar esa advertencia, o descalificarla por razones políticas, solo profundiza la falta de transparencia y la improvisación en el manejo fiscal.

La intervención de la contralora Dorothy Pérez pone sobre la mesa una verdad incómoda, pero necesaria: el Estado no puede prometer gastos sin explicar con claridad cómo se van a financiar, menos aún en medio de una emergencia de gran magnitud. Su llamado al orden, la responsabilidad y la transparencia contrasta con la reacción defensiva del oficialismo y la izquierda, que prefieren atacar a quien advierte el problema antes que asumir la falta de planificación fiscal que hoy amenaza tanto la reconstrucción del sur como el propio reajuste del sector público.