Boric nombra a Patricia Muñoz como directora de la Defensoría de Víctimas pese a que no podrá asumir por licencia médica, “amarre” político en un servicio clave que recién inicia funciones

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric oficializó la designación de la abogada Patricia Muñoz García como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, una decisión que rápidamente generó una fuerte controversia política e institucional, marcada por cuestionamientos al criterio del Ejecutivo, acusaciones de “amarre” y críticas por priorizar intereses políticos por sobre las urgentes necesidades de las víctimas de delitos.

Puntos Claves:

• Nombramiento en un servicio clave para las víctimas: El nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas fue creado para garantizar orientación, asesoría y representación legal, además de apoyo psicológico y social a víctimas de delitos, especialmente en un contexto de grave crisis de seguridad que afecta al país.
• Designación directa del Gobierno de Boric: El Ejecutivo eligió a Patricia Muñoz como la primera directora del organismo, pese a que la propia abogada evitó referirse públicamente al nombramiento. Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la designación se informaría “en el momento oportuno”.
• Perfil y trayectoria de Patricia Muñoz: Muñoz es abogada de la Universidad Católica de Temuco, magíster en docencia universitaria y con diversos diplomados en criminología, derechos humanos y políticas públicas. Fue la primera Defensora Nacional de la Niñez entre 2018 y 2023, y en 2024 fue designada por el propio Gobierno como abogada integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Su carrera ha estado estrechamente ligada a cargos públicos y al aparato estatal.
• Vínculos políticos y cuestionamientos de independencia: En el Congreso se señala que durante su paso por la Defensoría de la Niñez cultivó relaciones políticas transversales, incluyendo cercanía con el Presidente Boric, parlamentarios del Frente Amplio y figuras de Chile Vamos, lo que ha alimentado dudas sobre la verdadera autonomía de su nombramiento.
• Licencia médica en etapa fundacional del servicio: Uno de los puntos más criticados es que Muñoz se encuentra cursando un embarazo avanzado, lo que implica que deberá permanecer al menos seis meses con licencia médica. Esto ocurre justo en la fase de instalación del servicio, cuando se requiere liderazgo directo y permanente para su puesta en marcha.
• Imposibilidad de remoción por fuero maternal: Según la legislación vigente, el fuero maternal impide removerla del cargo hasta un año después del término de su postnatal, lo que significa que el próximo gobierno no podrá reemplazarla durante un período clave, reforzando las acusaciones de “amarre”.
• Oficio de fiscalización ante Contraloría: La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó un oficio ante la Contraloría General de la República solicitando evaluar la legalidad, eficacia administrativa y conveniencia del nombramiento. A juicio de los parlamentarios, se estaría comprometiendo el correcto funcionamiento del nuevo organismo.
• Críticas directas al Presidente y al Ejecutivo: Desde RN apuntaron directamente al Mandatario. El jefe de bancada, Frank Sauerbaum, afirmó que “el presidente Boric y la izquierda denunciaron por años lo que denominaron las ‘leyes de amarre’ de Pinochet, y ahora resulta que se ponen a la misma altura”. Agregó que “el presidente Boric lamentablemente deja el gobierno por la puerta chica y dando señales de un liderazgo chico, sin visión de Estado”.
• Acusaciones de postergar a las víctimas: La diputada Carla Morales sostuvo que “este Gobierno no solo nos deja esta crisis, sino que además juega con las víctimas y las pone en segundo plano para darse un gusto y apernar a los amigos”, calificando la decisión como una de las más cuestionables de la actual administración.
• Dudas sobre eficiencia y uso de recursos públicos: Los diputados RN también alertaron sobre eventuales problemas administrativos y presupuestarios, advirtiendo que una licencia médica preexistente podría afectar tanto el ejercicio efectivo del cargo como el pago de remuneraciones con fondos públicos.

Me acuerdo perfecto cuando Patricia Muñoz AFIRMÓ que Carabineros había torturado a un niño y tantas otras mentiras. Este es el amarre de Boric en la defensoria de las víctimas. Pase y escuche pic.twitter.com/qykP83X2Aw

— Emilia 🇨🇱 (@camilaemiliasv) December 20, 2025

En redes sociales se están viralizando las lamentables intervenciones de la activista, tampoco cosecha buena reputación en su paso por La Defensoría de la Niñez

La designación de Patricia Muñoz no solo reabrió el debate sobre los denominados “amarres” políticos al final de un gobierno, sino que también dejó en evidencia una profunda desconexión entre el discurso oficial y las prioridades reales del país. En momentos en que las víctimas de delitos exigen respuestas concretas, oportunas y eficientes, la decisión del Ejecutivo es vista por amplios sectores como una señal política que antepone la continuidad de figuras afines por sobre la urgencia de fortalecer un servicio que nace con una misión crítica para la seguridad y la confianza ciudadana.

Más allá de la trayectoria profesional de la abogada (que además tiene sombras muy importantes), el foco de la controversia está puesto en el criterio del Gobierno y en el impacto que esta designación tendrá en el funcionamiento efectivo de una institución llamada a proteger a quienes hoy se sienten más desamparados frente al delito. La resolución que adopte la Contraloría será clave para determinar si este nombramiento responde al interés público o si, una vez más, las víctimas quedan relegadas a un segundo plano.