Corte de Apelaciones reactiva causa contra Boric y cuestiona uso de fondos públicos para pagar abogado personal
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El Presidente Gabriel Boric volvió a quedar en una posición judicial compleja luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su sobreseimiento definitivo en una causa por presunta malversación de caudales públicos, cuestionando duramente la contratación de un abogado privado pagado con recursos del Estado para su defensa personal.
Puntos Claves:
- Boric vuelve a ser imputado por presunta malversación:
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento definitivo que había beneficiado al Presidente, ordenando reabrir la investigación penal por el uso de fondos públicos en la contratación de un abogado privado para su defensa. - Contratación directa por $13,8 millones bajo cuestionamiento:
En 2024, la Presidencia de la República contrató mediante trato directo al abogado Jonatan Valenzuela Saldías por un monto de $13.800.000 para representar a Boric en la causa relacionada con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. - Querella por uso indebido de recursos fiscales:
La Fundación Fuerza Ciudadana, representada por el abogado Raimundo Palamara, presentó una querella acusando que el Presidente habría utilizado recursos públicos para enfrentar una situación de carácter personal, lo que podría configurar malversación de caudales públicos. - La Corte desestima el criterio de primera instancia:
Aunque el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había sobreseído la causa en noviembre pasado, la Corte estimó que no existían antecedentes suficientes para cerrar definitivamente el caso, especialmente considerando que la causa principal aún está en tramitación. - Crítica directa a la supuesta “necesidad pública”:
El fallo fue especialmente duro al cuestionar el fundamento central del Gobierno para justificar la contratación. Según la Corte, “No aparece, a primera vista, justificada por una necesidad pública”, ya que la Presidencia contaba con alternativas institucionales para su defensa. - Existían opciones legales sin costo para el Estado:
El tribunal recordó que el Presidente pudo haber sido representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) o incluso por la Defensoría Penal Pública, o bien contratar un abogado privado con cargo a su propio patrimonio, como cualquier ciudadano. - Contraloría no tiene la última palabra en materia penal:
Aunque la Contraloría General de la República había visado administrativamente la contratación, la Corte fue clara en señalar que aquello no sustituye el análisis penal, afirmando que los dictámenes administrativos no pueden condicionar la determinación de un eventual delito. - El Ministerio Público deberá reabrir la investigación:
Con la resolución ya notificada al tribunal de primera instancia, Boric mantiene la calidad de imputado y la Fiscalía deberá continuar investigando si hubo o no un uso ilegal de recursos fiscales. - Defensa minimiza el fallo, pero el escenario político cambia:
El abogado Jonatan Valenzuela declaró que la resolución “no juzga los hechos del caso”, sin embargo, lo concreto es que el Presidente vuelve a estar formalmente bajo investigación, debilitando el discurso de transparencia que ha intentado sostener su administración.
La decisión de la Corte de Apelaciones no solo tiene consecuencias judiciales, sino también políticas. Resulta especialmente grave que un Presidente que llegó al poder prometiendo probidad y estándares éticos superiores termine cuestionado por usar recursos de todos los chilenos para resolver problemas personales. Más allá de cómo termine la investigación, el daño a la credibilidad institucional ya está hecho.
En un país donde millones de personas deben costear su propia defensa legal, la idea de que el Mandatario haya recurrido a fondos públicos para protegerse personalmente refuerza una sensación de privilegio y desconexión con la realidad ciudadana, alimentando la desconfianza hacia el poder y sus discursos morales.
