El doble estándar de la izquierda: Recordamos cuando Boric le dio la espalda a Claudio Grossman en La Haya y hoy exigen apoyo para Bachelet

En medio de la reciente polémica por la decisión del actual gobierno de no respaldar la candidatura internacional de la expresidenta Michelle Bachelet, surge desde el archivo histórico un caso que desnuda las contradicciones de la izquierda chilena. En el año 2022, la administración del exmandatario Gabriel Boric decidió, de manera insólita y sin mayores explicaciones iniciales, no apoyar al destacado jurista chileno Claudio Grossman para integrar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el máximo tribunal del mundo encargado de resolver disputas legales entre países. A pesar del inmenso beneficio estratégico que significaba para Chile tener a un juez nacional defendiendo nuestros intereses ante demandas territoriales como las históricamente impulsadas por Bolivia, el gobierno de izquierda optó por priorizar una agenda ideológica, marginando a una figura de respeto mundial simplemente por no pertenecer a su círculo político más íntimo.

Puntos Claves

El desaire a un defensor de Chile

• El abandono de Claudio Grossman: En mayo de 2022, tras el repentino fallecimiento de un juez brasileño en la Corte Internacional de Justicia, se abrió una vacante ideal para América Latina. Claudio Grossman, ex agente que lideró magistralmente y ganó la defensa de Chile contra la demanda marítima de Bolivia, era el candidato natural para el puesto, pero el gobierno de Gabriel Boric le negó el respaldo oficial de nuestro país.
• Las excusas del exgobierno: El Ministerio de Relaciones Exteriores de la época justificó su sorpresiva falta de apoyo argumentando supuestos problemas de tiempo y recursos para la campaña. En un comunicado oficial, la Cancillería de Boric señaló textualmente que «una elección a la CIJ implica una campaña de gran envergadura, que se debe trabajar de manera prioritaria y con mucha anticipación», cediendo de esta forma el camino a un candidato de Argentina que, paradójicamente, había asesorado a Bolivia en contra de Chile.
• Intercambio de favores en la ONU: Expertos y diplomáticos de la época revelaron que la izquierda prefirió sacrificar un puesto permanente y vital en La Haya para intentar asegurar un asiento para Chile en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un organismo internacional donde Boric buscaba proyectar su imagen política a nivel global, priorizando sus intereses por sobre la defensa territorial del país.

El contraste con el caso Bachelet

• La advertencia desatendida: Personeros de todos los sectores políticos, incluidos exministros y diplomáticos, rogaron al exmandatario Boric apoyar a Grossman por el bien superior de la nación. En ese momento, el ex canciller Heraldo Muñoz graficó la enorme gravedad de la oportunidad perdida indicando: «Nuestro país no ha tenido un juez permanente en La Haya en 67 años». Sin embargo, pesó más el recelo de la izquierda dura frente a un abogado que generaba un amplio respeto tanto en la derecha como en la centroizquierda.
• La hipocresía política actual: Hoy, los mismos sectores de izquierda que dejaron caer a un jurista que defendió la soberanía de Chile, exigen de forma intransigente que el actual gobierno respalde a Michelle Bachelet para un alto cargo internacional. Al hacer esto, exigen olvidar convenientemente que sus administraciones iniciaron una inmigración descontrolada con ciudadanos haitianos, perjudicaron la educación pública con el fracasado sistema de admisión escolar conocido popularmente como la «tómbola», y estancaron el crecimiento económico con una pésima reforma tributaria.

Resulta incomprensible observar cómo quienes hoy se rasgan las vestiduras por la falta de apoyo a Michelle Bachelet, guardaron un cómplice y absoluto silencio cuando se le dio la espalda a un chileno que defendió con éxito nuestra soberanía. La decisión de marginar a Claudio Grossman en 2022 no fue un simple error de cálculo diplomático, sino una maniobra ideológica que privó a Chile de una ventaja estratégica invaluable ante futuras amenazas vecinales, demostrando que para la izquierda sus alianzas políticas siempre estarán por encima de los verdaderos intereses de la nación.

Hoy, frente a las intensas presiones para premiar internacionalmente a Bachelet —cuyo legado en el país se traduce en fronteras vulneradas, escuelas públicas en crisis y familias fuertemente golpeadas por el estancamiento económico—, la postura firme del actual gobierno se entiende como un acto de total sensatez. No se puede exigir lealtad para exportar a la ONU los rostros de políticas públicas fallidas, especialmente cuando la misma izquierda ya demostró al mundo que está dispuesta a abandonar a los defensores más útiles de Chile cuando estos no se arrodillan ante su extrema visión política.