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La reciente investigación exclusiva de T13 destapó una serie de correos electrónicos entre Alberto Larraín —director de la Fundación Procultura, hoy bajo la lupa judicial— y miembros del comando presidencial de Gabriel Boric durante la campaña de 2021. Los mensajes apuntan a una estrecha coordinación para la realización de un mural en Limache que habría sido utilizado en la franja electoral. Aunque la obra fue presentada como un proyecto cultural independiente, las nuevas revelaciones reavivan las dudas sobre el uso de fondos y la transparencia del entorno del actual Presidente.
Puntos Claves:
Revelación de T13: El reportaje de Teletrece accedió a correos inéditos entre Alberto Larraín y el equipo de campaña de Gabriel Boric. En ellos se evidencian gestiones directas entre la Fundación Procultura y miembros del comando, en particular para encargar un mural al artista Alejandro “Mono” González, militante del Partido Comunista.
El mural en Limache y la franja presidencial: El objetivo era que la obra se incluyera en la franja electoral de 2021. En uno de los mensajes, una integrante del comando escribe: “Hola Alberto, ¿cómo te ha ido con el Mono? ¿Será posible que contemos con un bosquejo? Tengo varias preguntas que hacerte, ¿será posible que hablemos un rato? Quedo atenta”. Según el propio Larraín, la fundación financió el mural “con fondos propios”, pero la Fiscalía lleva dos años intentando determinar el origen real del dinero.
Correos que contradicen la versión oficial: En otro correo, Larraín escribió al artista: “Mono, tratemos de hablar durante el día, porque Gabriel lo que menos quiere es que sea algo personalista. Es decir, no quiere que se centre en él, ni en los logos ni nada”. Este intercambio, fechado en agosto de 2021, contradice la defensa de Larraín, quien había afirmado que la coincidencia entre el mural y la campaña fue “fortuita”.
Nombres del entorno presidencial involucrados: Entre los remitentes de los correos figura María José Concha, entonces asistente de dirección de la franja y actual jefa de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, junto con Pablo Paredes, hoy alto funcionario del Gobierno. Ambos eran parte del círculo cercano del comando. En uno de los correos, Concha adjunta un guion confidencial del mural y pide mantener la información en reserva. La respuesta de Larraín fue escueta: “Perfecto”.
Silencio oficial desde el Gobierno: Consultada por T13, Presidencia respondió únicamente que “las materias relacionadas con la campaña de 2021 son de competencia de quienes estuvieron a cargo de su administración”. Ni Concha ni Paredes quisieron referirse a los correos, mientras que la defensa de Larraín también declinó entregar comentarios.
ProCultura bajo investigación judicial: El Ministerio Público indaga presuntas irregularidades en la recepción y uso de fondos públicos por parte de la fundación que dirigía Larraín. Un informe de la PDI de octubre detalla que el psiquiatra emitió 21 boletas a Procultura, por un total superior a $102 millones, por supuestos servicios y bonos de desempeño.
Obstáculos en la investigación: A pesar de los antecedentes, los tribunales han denegado en reiteradas ocasiones el levantamiento del secreto bancario de Procultura y de empresas asociadas. Tanto el Juzgado de Garantía como la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazaron las solicitudes del fiscal Eduardo Ríos Briones, quien calificó la medida como “crucial para establecer la trazabilidad completa del dinero”. Según los fallos judiciales, la fiscalía no habría aportado antecedentes “suficientes” para justificar la diligencia, aunque se dejó abierta la posibilidad de insistir con nuevos datos.
Sospechas sobre triangulación de fondos: El Ministerio Público detectó transferencias por $174 millones a empresas ligadas a Procultura, como Turismo Esquerré Limitada y Consultora y Productora Esquerré Limitada, destinadas a proyectos en la región del Biobío. Los investigadores sospechan de posibles simulaciones de servicios o desvíos de recursos públicos.
Impacto político: Las revelaciones golpean de lleno a la imagen de transparencia del Gobierno de Gabriel Boric y de la izquierda chilena. La aparente relación entre una fundación hoy cuestionada y un proyecto electoral del actual mandatario refuerza la percepción de que ciertos sectores progresistas habrían usado organizaciones culturales para fines políticos.
Video real obtenido de Redes Sociales/Fuentes externas
La publicación de los correos deja en entredicho la versión oficial y expone una trama que mezcla fondos culturales, amistades políticas y campañas electorales. La negativa de las autoridades a responder con claridad, sumada a los bloqueos judiciales en la investigación, solo incrementa la desconfianza pública.
Más allá de la eventual responsabilidad penal, el caso evidencia una preocupante normalización del uso político de fundaciones ligadas a la izquierda chilena. Lo que alguna vez se presentó como un “proyecto cultural” hoy aparece como un posible mecanismo de financiamiento irregular de una campaña presidencial. En medio de un clima de desafección y desconfianza, la transparencia ya no puede seguir siendo una promesa vacía.