Cable China–Chile: dos advertencias de EE.UU., una firma exprés y una anulación que dejó al Gobierno en el peor escenario

Lo que el Ejecutivo presentó como un proyecto “en evaluación” terminó revelándose como una concesión firmada y anulada en 48 horas, en medio de advertencias formales de Estados Unidos y una posterior crisis diplomática. El 27 de enero, el ministro Juan Carlos Muñoz firmó el decreto que autorizaba por 30 años el cable submarino entre Hong Kong y Concón. Ese mismo día se recibió una alerta confidencial más urgente. Dos días después, el decreto fue anulado. Semanas más tarde, Washington revocó visas a autoridades chilenas. La secuencia no solo evidencia contradicciones, sino una gestión diplomática deficiente que ha ido agravando el problema.

Puntos Claves:

• Qué se firmó y por qué era una decisión mayor.
  El 27 de enero, a las 16:08 horas, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto que otorgaba a CMI Chile SpA —filial de China Mobile International— una concesión por 30 años para “instalar, operar y explotar” un cable submarino entre Hong Kong y Concón (Región de Valparaíso).
  El documento detallaba tecnología (DWDM), 266 repetidores en aguas internacionales y 16 en aguas chilenas, y fijaba plazos concretos: obras en un mes, término en 18 meses y operación en 20 meses. No era una idea preliminar: era una autorización formal, con cronograma y condiciones. Cabe recordar que en China, por ley, las empresas privadas están obligadas a someterse y responder directamente al Gobierno Chino.
• Primera advertencia: general y previa a la firma.
  El propio ministro Muñoz reconoció: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones contra las personas que habían participado (del proyecto), por muy técnica que haya sido. La reunión fue a principios o mediados de enero”.
  Es decir, antes del 27 de enero ya existía una advertencia diplomática sobre posibles consecuencias. No fue una sorpresa absoluta.
• Segunda advertencia: urgente y el mismo día de la firma.
  El 27 de enero, horas después de la firma, un representante de la Embajada de EE.UU. se reunió con Guillermo Petersen, jefe de gabinete del subsecretario Claudio Araya.
  ¿Por qué a Petersen? Porque era una pieza clave en la tramitación técnica del proyecto y podía transmitir la información directamente al subsecretario y al ministro.
  En esa reunión se habría entregado un documento de tres carillas con sello “top secret”, donde se advertían riesgos de seguridad y se mencionaban cinco vulneraciones que habrían afectado a empresas chilenas.
  La secuencia habría sido: Embajada → Petersen → Subsecretario Araya → Ministro Muñoz.
• La anulación en 48 horas.
  El 29 de enero el decreto fue dejado sin efecto, oficialmente por “razones de error técnico o en su tipeo”. Sin embargo, internamente se ha señalado que la decisión respondió a la necesidad de recabar más antecedentes tras la alerta estadounidense.
  El decreto nunca fue enviado a Contraloría, por lo que no alcanzó plena vigencia. Pero la firma existió.
• El relato oficial en contradicción.
  Tras estallar la crisis, el Presidente Boric calificó la medida estadounidense como “arbitraria, unilateral y sorpresiva”. Sin embargo, hubo dos advertencias previas: una general antes de la firma y otra urgente el mismo día.
  Además, mientras el canciller van Klaveren y la ministra Vallejo insistían en que el proyecto estaba en “evaluación”, el subsecretario Araya afirmó que estaban “en la recta final”. Firmar un decreto por 30 años no es lo mismo que evaluar una idea.
• La revocación de visas y el mensaje político.
  El 20 de febrero, EE.UU. revocó las visas del ministro Muñoz, del subsecretario Araya y de Guillermo Petersen.
  El embajador Brandon Judd fue categórico: “Ciertamente esperamos que no llegue a ese punto. Por ahora, la Visa Waiver está a salvo, pero eso no es nuestra elección. Depende strictly de lo que este gobierno elija hacer”.
  También afirmó: “Lamentablemente, no se nos trató con honestidad. No se nos dio la información que pedimos“.
  El mensaje fue claro: el problema no era solo el cable, sino la forma en que se manejó.
• Lo que aún no se explica (y lo que pudo gatillar las sanciones).
  No se ha informado el monto total del proyecto, eventuales multas por término anticipado ni compromisos financieros asumidos. Tampoco se ha explicado por qué una concesión de esta magnitud fue tramitada en menos de 60 días, cuando procesos similares tardan varios meses.
  Más inquietante aún: tras la anulación, no hubo un rechazo formal ni una decisión definitiva. El proyecto quedó en “stand by”, sin cierre claro ni señal política contundente.
  En un contexto geopolítico tenso, esa ambigüedad pudo haber sido interpretada por Washington como falta de respuesta formal, ausencia de medidas concretas o negativa a descartar definitivamente el proyecto.
  La combinación de advertencias previas, firma del decreto, anulación sin explicación convincente y ausencia de una postura clara pudo haber contribuido a que EE.UU. decidiera aplicar sanciones personales como señal de presión.
  La opacidad sobre montos, condiciones contractuales y eventuales riesgos económicos agrega un componente adicional de falta de transparencia que agrava la percepción de improvisación e irresponsabilidad.

La línea temporal es clara: advertencia general, firma del decreto, alerta urgente el mismo día, anulación exprés, contradicciones públicas y finalmente sanciones diplomáticas. Cada etapa fue aumentando la tensión, en vez de contenerla.

En materia de infraestructura crítica y política exterior, la indecisión y la falta de claridad tienen costos reales. Lo ocurrido no solo expone descoordinación interna, sino una gestión diplomática deficiente que ha deteriorado la posición internacional de Chile y mantiene abierta una crisis que pudo haberse evitado con transparencia, coherencia y firmeza desde el inicio.