Seleccionar página

Alcalde de Molina destituye a funcionarios que viajaron con licencia médica y un exjefe se amotina en el municipio

Ilustración funcionario público exigiendo sus privilegios Imagen generada con IA. Click para ampliar T

El alcalde de Molina, Felipe Méndez Guzmán (cercano a DC, centroizquierda), decidió destituir a todos los funcionarios municipales que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, una medida poco habitual en el sector público donde este tipo de casos suelen quedar atrapados en largos sumarios administrativos que rara vez concluyen con sanciones reales. La decisión, respaldada por el conocido informe de Contraloría, provocó incluso que un exjefe de control interno se amotinara dentro de la casa municipal tras ser notificado de su despido.

Puntos Claves:

  • Una decisión que amerita reconocimiento: Si bien podría parecer lo mínimo esperado frente a un abuso de recursos públicos, lo cierto es que en la práctica es poco común que las autoridades se atrevan a aplicar destituciones efectivas. En la mayoría de los municipios, este tipo de irregularidades derivan en procesos administrativos interminables que rara vez terminan con consecuencias para los responsables. La voluntad del alcalde Méndez marca una diferencia y sienta un precedente en la comuna de Molina.
  • Medida adoptada en Molina: Todos los funcionarios involucrados fueron desvinculados de inmediato y quedaron inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos. La determinación alcanzó tanto a directivos como a personal del área de educación y salud, sin importar rango ni antigüedad. Varios de ellos tenían más de 30 años de trayectoria en el sector público.
  • El informe de Contraloría que destapó el caso: La investigación se originó en Contraoloría, quienes realizaron un cruce de datos entre la Policía de Investigaciones (PDI) para detectar viajes al extranjero, registros de funcionarios públicos y licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024. El documento reveló que 25.078 funcionarios del Estado o de entidades financiadas con recursos fiscales viajaron al extranjero durante periodos de reposo, incumpliendo la normativa.
  • Cifras que muestran la magnitud del problema:
    • Entre 2023 y 2024 se otorgaron más de 5,1 millones de licencias a funcionarios públicos (5.147.997).
    • En paralelo, se detectaron 1,2 millones de registros de entrada o salida del país (1.231.362) de servidores públicos en el mismo periodo.
    • Solo en 2024, las municipalidades pagaron $388 mil millones por concepto de licencias médicas. Este gasto ha crecido un 321% en la última década, pasando de $92 mil millones en 2015 a casi $388 mil millones en 2024.
  • Abuso de confianza y perjuicio económico: El uso de licencias médicas para vacacionar o viajar al extranjero no solo implica un incumplimiento laboral, sino que también representa un daño directo a los recursos públicos y a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. En este contexto, la acción del municipio de Molina fue presentada como un acto de responsabilidad y probidad.
  • Amotinamiento en el municipio: Uno de los afectados, exjefe de control interno, se resistió a dejar su cargo y permaneció encerrado en su oficina, acompañado incluso por un equipo de televisión que transmitía lo ocurrido. El hecho generó expectación entre trabajadores y vecinos de la comuna.
  • Desenlace del episodio: Tras varias horas de tensión, el exfuncionario abandonó de manera pacífica las dependencias municipales. Hasta el momento, la autoridad comunal no ha emitido una declaración pública sobre este episodio puntual.

El caso de Molina se convierte en un ejemplo concreto de que, cuando existe voluntad política y administrativa, es posible sancionar de manera real abusos que por años han dañado la confianza en el servicio público. La decisión del alcalde Felipe Méndez no solo afecta a los involucrados, sino que también envía un mensaje a nivel nacional: si se quiere, se puede aplicar la ley y proteger los recursos de todos.

Para la ciudadanía, este episodio deja un mensaje claro: la probidad no es negociable, y el servicio público debe estar al servicio de las personas, no de privilegios indebidos.