Cámara de Diputados aprueba moción parlamentaria para restringir beneficios estatales a inmigrantes irregulares y priorizar a los chilenos

Ayer martes, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó y despachó al Senado un proyecto de ley nacido de una moción parlamentaria que busca limitar el acceso a beneficios financiados con recursos públicos a los extranjeros en situación irregular. La iniciativa, que obtuvo 95 votos a favor, propone que los inmigrantes sin papeles vigentes no puedan acceder al Registro Social de Hogares ni a subsidios estatales, estableciendo además una prioridad clara para los ciudadanos nacionales en servicios críticos como salud y educación, respondiendo así a la crisis de seguridad y desorden migratorio que afecta al país.

Puntos Claves:

• Origen parlamentario frente a la oposición del Gobierno: Esta ley no nació del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino que es una iniciativa del Congreso impulsada originalmente por el exdiputado Juan Fuenzalida (UDI). De hecho, los sectores de izquierda y el oficialismo votaron mayoritariamente en contra, intentando frenar una medida que busca poner orden al gasto fiscal.
• Carnet vigente como requisito ineludible: El proyecto modifica la Ley de Migración para que cualquier inscripción en el Registro Social de Hogares —el sistema que usa el Estado para decidir quién recibe ayuda— exija obligatoriamente una cédula de identidad chilena al día otorgada por el Registro Civil.
• Residencia definitiva para bonos y vivienda: Para postular a beneficios que entreguen dinero directo, como subsidios de arriendo o de casa propia, los extranjeros deberán demostrar que ya cuentan con su residencia definitiva, terminando con la entrega de recursos a quienes apenas han ingresado al territorio.
• Prioridad para ciudadanos chilenos en servicios básicos: El texto legal es enfático al señalar que se debe «priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo en favor de los nacionales, frente a inmigrantes en condición irregular», evitando que los servicios públicos colapsen.
• Crecimiento explosivo de la irregularidad: Los fundamentos de la propuesta advierten que, entre 2018 y 2023, la población de inmigrantes ilegales en Chile creció más de un 3.000%, sumando a más de 336 mil personas cuyo historial y antecedentes penales se desconocen por completo.
• Bloqueo a quienes burlan la frontera: La normativa establece que «en ningún caso» se podrá entregar un número de identificación o documento a personas que hayan entrado a Chile por pasos no habilitados, eliminando cualquier incentivo para el ingreso clandestino.

Este resultado legislativo deja en evidencia la profunda desconexión entre la actual administración de izquierda y la realidad que sufren millones de chilenos. Mientras el Gobierno ha mantenido una postura permisiva que facilita la irregularidad, el Congreso ha tenido que tomar la iniciativa para proteger el dinero de todos los contribuyentes y asegurar que las familias chilenas, que cumplen la ley y pagan sus impuestos, dejen de ser postergadas en las listas de espera de consultorios o en la asignación de cupos escolares.

Es un acto de justicia básica que los recursos del Estado, que siempre son limitados, se destinen prioritariamente a los ciudadanos nacionales y a quienes residen legalmente en el país. El mensaje enviado al Senado es contundente: Chile no puede seguir financiando una migración descontrolada a costa del bienestar de su propia gente, y es urgente establecer reglas claras donde el respeto a la ley sea la única vía para acceder a la protección social del Estado.