Ministro Quiroz frena campaña de la izquierda por alimentación escolar: Recordamos el despilfarro de $3.500 millones en Junaeb ocurrido el 2023
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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó este viernes desde el Palacio de La Moneda cualquier tipo de ajuste a las becas o al Programa de Alimentación Escolar, respondiendo a la alarma generada por un oficio de evaluación técnica de su ministerio enviado a la cartera de Educación. Frente a los ataques de distintas agrupaciones políticas de izquierda que acusaron al gobierno de querer quitarle el almuerzo a los estudiantes más vulnerables, el secretario de Estado aclaró que el documento es solo una recomendación habitual para medir la eficiencia de los gastos del país, mientras que desde nuestra tribuna editorial nos vemos en el deber de recordar el verdadero golpe a los recursos públicos ocurrido el año 2023 bajo la administración anterior, cuando se revelaron pagos millonarios e injustificados por raciones de comida.
Puntos Claves:
- El origen de la polémica: El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres) —la oficina técnica encargada de repartir y evaluar el buen uso del dinero del Estado—, envió un documento sugiriendo reajustar y evaluar el cierre de programas que han sido mal calificados por su bajo rendimiento, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar (PAE), administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
- La firme aclaración del Gobierno: Ante el nerviosismo ciudadano impulsado por sectores de oposición al actual gobierno, el ministro Quiroz fue directo en asegurar que este documento técnico no representa una decisión de quitar beneficios sociales sensibles, sentenciando: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”.
- Reacción sin análisis de la centro derecha: La filtración del oficio generó ruido no solo en la izquierda, sino también en figuras de centro derecha que pidieron mayor claridad y cuidado con la ciudadanía, tal como lo expresó la exalcaldesa Evelyn Matthei: “En los anexos, la Dipres propone como ‘recomendación’ descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”. Resulta insólito que algunos cedan tan rápido a la narrativa de la izquierda sin estudiar el fondo del asunto.
La izquierda olvida su propio historial de despilfarro
- El escandaloso pago de los $3.500 millones: Es necesario recordar que, mientras la izquierda hoy ataca un proceso de simple evaluación financiera, durante el año 2023, bajo el gobierno de Gabriel Boric, el exdirector de Junaeb, Cristóbal Acevedo, denunció que la institución pagó la increíble suma de 3.500 millones de pesos por apenas 30 colaciones entregadas a una empresa proveedora durante 2022.
- Contratos sin la revisión legal obligatoria: Ese grave escándalo obligó a la Contraloría General de la República (CGR) —el máximo organismo que vigila la legalidad de los actos del Estado— a cambiar sus reglas de revisión, luego de que saliera a la luz que la administración izquierdista modificaba contratos gigantescos de alimentación de forma directa, esquivando los controles necesarios para proteger el dinero de los impuestos de todos los chilenos.
Es fundamental que la ciudadanía comprenda la enorme diferencia entre un ejercicio responsable de orden fiscal y las campañas del terror impulsadas por sectores políticos que buscan tapar su propio y oscuro pasado. La evaluación constante del gasto público es el deber mínimo de cualquier gobierno serio que busca proteger al país, asegurando que los recursos lleguen directamente a las personas más necesitadas y no se pierdan en programas ineficientes o gestiones dudosas.
Al poner los hechos en perspectiva, queda en evidencia la hipocresía de quienes hoy levantan la voz por un simple oficio interno, pero que guardaron absoluto silencio cuando se despilfarraron miles de millones de pesos en raciones de comida durante su propio mandato. El compromiso del actual gobierno es claro y ha sido ratificado por sus ministros: proteger los beneficios de los estudiantes, pero administrando la billetera del país con la transparencia, la eficiencia y la verdad que todos los chilenos exigen.
