Indignante: el Senado rechazó la acusación constitucional contra Diego Pardow gracias a votos de RN y Evópoli, junto a una izquierda sin moral, salvando al exministro del Frente Amplio que —como un adolescente— no asume las consecuencias de sus propios actos

El Senado chileno rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, pese a las graves faltas que marcaron su gestión y que derivaron en millonarios cobros indebidos en las cuentas de la luz. La decisión, que contó con votos decisivos de senadores de centro y derecha, fue recibida con profunda indignación ciudadana. Mientras miles de hogares siguen pagando las consecuencias de los errores del Gobierno, la clase política —de un lado y otro— vuelve a proteger a uno de los suyos, dejando sin sanción una crisis que afectó a todo el país.

Puntos Claves:

• Un resultado indignante: El Senado rechazó ambos capítulos de la acusación constitucional contra Diego Pardow. El primero fue rechazado con 28 votos en contra, 17 a favor y una abstención; el segundo, con 21 votos a favor, 21 en contra y tres abstenciones. Bastaron unas pocas abstenciones y votos “en contra” de senadores de centro y derecha para salvar al exministro del Frente Amplio de quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.
• Las dos faltas centrales de la acusación:
  1. Error de cálculo en las tarifas eléctricas: Durante su gestión, el Ministerio de Energía aprobó un decreto con errores metodológicos en los cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Estos fallos generaron sobrecargos en las cuentas de la luz por más de 100 millones de dólares, afectando directamente a los consumidores y distorsionando incluso las cifras de inflación del país. El propio Gobierno reconoció que se cobró de más y prometió devolver el dinero, lo que confirma la existencia del error.
  2. Inacción ante la autodenuncia de Transelec: La empresa Transelec informó formalmente al ministerio sobre el error en la valorización de sus activos, ofreciendo corregirlo. Sin embargo, Pardow no actuó ni comunicó la situación al país. Prefirió mantener el asunto en reserva durante semanas, lo que fue considerado una grave falta de transparencia y una vulneración del principio de probidad administrativa.
• El conflicto de interés omitido: A estos hechos se sumó un cuestionamiento ético relevante. El diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la comisión revisora, denunció que Pardow no declaró el vínculo de su pareja, Catalina Iñiguez, con el estudio jurídico FerradaNehme, que ha representado a empresas del sector eléctrico, entre ellas Transelec. Esta omisión en su declaración de intereses generó dudas sobre la independencia del exministro frente a las empresas reguladas. Aunque el Gobierno negó un conflicto directo, el tema nunca fue aclarado de manera transparente.
• Apoyo transversal en la Cámara Baja: La acusación había sido aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, incluyendo votos de la centroizquierda. En esa instancia, se acusó a Pardow de infringir los deberes de probidad, eficiencia y eficacia al no prevenir ni corregir los cobros indebidos que afectaron a miles de familias chilenas.
• Senadores de centro y derecha que dieron vuelta la balanza: En el Senado, los votos de Francisco Chahuán, Paulina Núñez, Sebastián Keitel, Manuel José Ossandón, Carmen Gloria Aravena y Alejandro Kusanovic, entre otros, fueron decisivos para que la acusación fracasara. Aunque representan sectores que se han declarado opositores al Gobierno, optaron por rechazar o abstenerse, dividiendo a la oposición y debilitando la fiscalización al oficialismo. Para muchos ciudadanos, este comportamiento representa una traición al pueblo chileno y una renuncia a la responsabilidad política.
• La defensa del exministro y la intervención del Gobierno: En su defensa, Pardow aseguró que “la acusación se basaba en hechos falsos” y agradeció que tanto senadores del oficialismo como de la oposición compartieran esa postura. Visiblemente emocionado, recordó a su padre exonerado en dictadura, afirmando que valoraba “el respeto del debate en el Senado”. Durante las últimas horas antes de la votación, los ministros Álvaro Elizalde y Macarena Lobos desplegaron gestiones intensas para asegurar los votos necesarios y evitar un golpe político a La Moneda. La operación fue exitosa: Pardow fue absuelto, y el Gobierno evitó un nuevo daño a su debilitada imagen pública.
• Argumentos a favor y en contra: Quienes apoyaron la acusación —como Rojo Edwards (Partido Libertad) y Ximena Rincón (Demócratas)— destacaron la gravedad del daño causado: “Lo que falló aquí no fue una fórmula matemática, lo que falló fue el deber más básico del Estado: proteger a las personas”, dijo Rincón. Desde el oficialismo, Ricardo Lagos Weber (PPD) justificó su voto en contra señalando que aprobar la acusación “habría sentado un precedente peligroso”, argumentando que los ministros no deben intervenir en decisiones técnicas.
• Consecuencias políticas y sociales: El rechazo del Senado significó un alivio para el Presidente Gabriel Boric, quien mantiene una estrecha relación con Pardow desde su época universitaria. Sin embargo, para la ciudadanía, el resultado se percibe como una muestra más de impunidad y de desconexión entre la clase política y la realidad de las familias chilenas. Los sobrecobros eléctricos afectaron directamente al presupuesto de millones de hogares, y hasta hoy no se han compensado. Pese a ello, el Congreso optó por cerrar el caso sin sanciones.
• Impunidad y desconfianza: El caso Pardow se suma a una larga lista de episodios donde el poder político falla en su deber de rendir cuentas. Para muchos, el mensaje que deja esta votación es claro: en Chile, los ciudadanos deben asumir sus errores, pero los políticos no. La combinación de negligencia, falta de transparencia y protección mutua entre los partidos ha dejado a la ciudadanía sin respuestas y con una profunda sensación de abandono.

La decisión del Senado de rechazar la acusación contra Diego Pardow marca un nuevo retroceso en la confianza pública. Los errores en las tarifas eléctricas perjudicaron a todo el país: a las familias, a los pequeños comercios y hasta a las mediciones económicas oficiales. Sin embargo, ninguna autoridad asumirá responsabilidad.

En la vida cotidiana, cuando alguien comete un error, debe enfrentar las consecuencias. Pero en la política chilena, parece que esas reglas no aplican. El Frente Amplio defendió a uno de los suyos, y parte de la oposición eligió mirar hacia otro lado. El resultado es una victoria del amiguismo sobre la justicia, de la impunidad sobre la responsabilidad, y una derrota más para el pueblo chileno, que sigue pagando la cuenta de los errores ajenos.