Escándalo de corrupción en Junaeb: Gobierno denuncia ante Fiscalía fraude de $14 mil millones en raciones fantasmas en la Región de O’Higgins

La Dirección Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) presentó una denuncia penal formal ante la Fiscalía Nacional por un millonario fraude que supera los 14 mil millones de pesos en raciones de alimentos nunca entregadas a estudiantes vulnerables durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. El actual director del organismo, Fernando Peña, acudió ante la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público para entregar los resultados de una auditoría interna profunda que dejó al descubierto graves anomalías financieras y administrativas concentradas en la Región de O’Higgins, convirtiéndose en la primera gran ofensiva judicial de la actual administración contra la ineficiencia y la falta de probidad de la gestión anterior.

Puntos Claves:

• El millonario desfalco de las raciones fantasma: La auditoría interna del organismo detectó el pago injustificado de más de 14 mil millones de pesos por concepto de «onces escolares» (colaciones que incluyen leche, sándwiches, fruta o avena) que jamás llegaron a los estudiantes de la Región de O’Higgins pertenecientes a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la institución pública encargada de entregar canastas de alimentos, becas y útiles a los escolares más necesitados del país.
• Contratos directos y precios inflados sin control legal: Los pagos irregulares se concentraron entre los años 2022 y 2023 a favor de la empresa Sociedad Servicios de Alimentación (Soser). La administración anterior aumentó artificialmente el valor de cada colación hasta los 8.680 pesos chilenos a través de «resoluciones exentas», que son decretos internos dictados directamente por la jefatura que omitieron de manera ilegal la «toma de razón», que es el control obligatorio de legalidad y transparencia que realiza la Contraloría General de la República (CGR).
• Sospechas de corrupción y la «puerta giratoria» de un alto funcionario: El caso apunta de forma directa a Alejandro Layseca, quien se desempeñó como jefe jurídico de la Junaeb en el período cuestionado. Bajo su gestión se visaron y modificaron los contratos que aumentaron los montos fijos para beneficiar a Soser; tras dejar su cargo en el aparato estatal, Layseca pasó de inmediato a trabajar como gerente legal de esa misma empresa privada, lo que configura la sospecha del delito de administración desleal, que sanciona a los funcionarios que perjudican el patrimonio público que debían proteger.
• Evidencias de ocultamiento a los entes fiscalizadores: El actual director nacional del organismo, Fernando Peña, denunció que las autoridades salientes ocultaron antecedentes de forma deliberada para camuflar el verdadero tamaño del fraude, el cual inicialmente se estimaba en una cantidad mucho menor. Respecto a la gravedad de las anomalías descubiertas, Peña afirmó de forma categórica: “Lo que pesquisamos de onces en la región de O’Higgins por más de 14 mil millones de pesos, adjudicadas a una sola empresa, sin ninguna prestación a cambio. Esas onces nunca se entregaron a los alumnos”.
• Congreso exige comisión fiscalizadora ante el desfalco: Parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) iniciaron la recolección de firmas para crear una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados con el objetivo de establecer las responsabilidades políticas y administrativas del entorno de la exdirectora de la institución, Camila Rubio. El diputado Fabián Ossandón manifestó con firmeza: “Es inaceptable que se juegue con el alimento de los niños más vulnerables de Chile. No toleraremos que miles de millones de pesos públicos desaparezcan en raciones fantasmas, por eso es importante impulsar esta comisión investigadora”.
• Ofensiva judicial extendida a todo el aparato estatal: Los antecedentes ya fueron derivados al Ministerio Público, a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) —el organismo de abogados que defiende los intereses financieros del país—. Esta acción judicial es el primer resultado de un plan integral de inspección ordenado por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) que también indaga desfalcos, recursos pendientes de rendición y falta de control financiero en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), la fundación Prodemu, la Subsecretaría de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Este grave escándalo en la Junaeb saca a la luz las profundas falencias operacionales y la alarmante falta de control ético y administrativo que caracterizó a la gestión de la izquierda bajo el mando de Gabriel Boric. Detrás de las frías cifras de miles de millones de pesos perdidos en la burocracia estatal y en contratos irregulares celebrados «a dedo», la verdadera tragedia recae sobre miles de niños de familias vulnerables en la Región de O’Higgins, quienes fueron privados de su alimentación diaria básica mientras los recursos públicos terminaban beneficiando de manera sospechosa a corporaciones privadas mediante redes de influencias políticas.

La acción judicial emprendida por la administración del Presidente José Antonio Kast marca un precedente necesario para sanear un aparato público debilitado por políticas ineficientes que priorizaron la ideología por sobre el bienestar real de los ciudadanos. La persecución de estos presuntos delitos de cuello blanco no solo busca castigar penalmente a los exfuncionarios responsables de lo que parece ser una administración desleal de los recursos de todos los chilenos, sino también enviar una señal clara y categórica de que el resguardo del dinero fiscal y, por sobre todo, la nutrición y el futuro de la infancia chilena son prioridades que jamás volverán a ser transadas ante la desatención del Estado.