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Según reveló un reportaje de Diario Financiero, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reconoció en correos electrónicos enviados a inmobiliarias y constructoras que no dispone de recursos para cumplir con los pagos comprometidos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). La situación, que destapa una grave crisis financiera dentro de la cartera, compromete a empresas grandes, medianas, pymes e incluso a propietarios de terrenos, y la industria estima que la deuda supera los US$1.000 millones.
Puntos Claves:
Deuda millonaria y falta de caja en el Minvu: A través de comunicaciones internas, la cartera liderada por Carlos Montes reconoció que no tiene “disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente” para saldar deudas con constructoras, inmobiliarias, proveedores y dueños de terrenos. La industria calcula los compromisos impagos en más de US$1.000 millones. Aunque el Minvu evita confirmar cifras, admitió que varios de los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) ya proyectan gastos muy por encima del presupuesto aprobado.
El Plan de Emergencia Habitacional en riesgo: El PEH, una de las banderas de la administración de Gabriel Boric, se propuso entregar 260.000 viviendas sociales durante el periodo de Gobierno para enfrentar un déficit estimado en 640.000 hogares. Según cifras oficiales, en agosto de 2025 ya se habían entregado 214.588 viviendas (82,53% de la meta) y más de 127.000 estaban en ejecución. Sin embargo, los impagos amenazan con paralizar proyectos, retrasar entregas y dejar a miles de familias sin soluciones habitacionales.
Cómo funciona el sistema de subsidios: El PEH se levanta principalmente con dos mecanismos:
DS19: permite a familias acceder a su primera vivienda. Incluye anticipos a las inmobiliarias y un pago final al entregar la obra.DS49: dirigido a hogares vulnerables, libera recursos en etapas, según los avances de cada proyecto.
El problema es que en ambos esquemas los pagos están detenidos. Un ejecutivo denunció que su empresa no ha recibido un anticipo de casi US$10 millones por más de 600 viviendas bajo el DS19: “No podemos iniciar las obras hasta contar con esos recursos”. Otra empresa aseguró que el Minvu le adeuda US$8 millones en DS49, pero ni siquiera puede facturar porque la cartera bloquea ese proceso.
Confirming con BancoEstado: un “parche” insuficiente: Como medida de emergencia, el Gobierno habilitó un sistema de confirming con BancoEstado, que funciona como factoring: las empresas pueden anticipar el cobro de facturas, pagando un interés de 0,5% por cuota. En la práctica, esto significa que constructoras deben asumir costos adicionales para cobrar lo que ya se les debe. Un gerente lo calificó como “es quedar en la UTI o morir”. Además, este mecanismo solo aplica a algunos proyectos bajo DS49, dejando fuera a muchas empresas.
Impacto devastador en las empresas del rubro: El director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, Carlos Marambio, advirtió que el programa del Gobierno fue demasiado ambicioso: los subsidios aumentaron entre 20% y 30%, pero el presupuesto subió menos de 5%. La diferencia la están pagando los privados. “Es probable ver un aumento de reorganizaciones financieras y quiebras”, señaló. Otro ejecutivo de una pequeña constructora fue categórico: “Esto es la guinda de la torta. Venimos de una crisis inmobiliaria y ahora enfrentamos otra generada por el Gobierno”.
El trasfondo político y la crítica al Gobierno: El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió la fórmula del confirming, diciendo que es “una herramienta habitual” usada desde 2011. Pero la oposición, encabezada por Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de estar “chuteando” la deuda al próximo mandato. La falta de transparencia en las cifras, el retraso en los pagos y la admisión del propio Minvu de que “no existe certeza” de cuándo se regularizarán las deudas —posiblemente no antes de marzo de 2026—, generan dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para cumplir sus promesas.
Minvu responde, pero sin cifras claras: En una declaración pública, la cartera insistió en que no existen deudas por los montos señalados por la industria, argumentando que habría una confusión entre “proyección de gasto” y deuda pendiente. Sin embargo, abogados expertos, como Rodrigo Andreucci, han señalado que esa interpretación es errónea: “Las proyecciones de gastos impagas corresponden 100% a una deuda para la empresa”.
Video real obtenido de Diario Financiero
El panorama es crítico: mientras el Gobierno insiste en que sigue comprometido con la inversión pública y el acceso a la vivienda, los números y los testimonios de la industria evidencian lo contrario. Se prometió un plan histórico, pero sin respaldo financiero sólido.
El caso del Minvu expone un patrón de improvisación y falta de responsabilidad en la gestión del Gobierno. Las cifras no cuadran, las promesas se hicieron sin respaldo suficiente y hoy son empresas y familias vulnerables las que cargan con el costo. El Estado no puede pretender solucionar la crisis habitacional generando otra crisis, esta vez en el sector de la construcción.
A pocos meses de que termine el mandato de Gabriel Boric, el Plan de Emergencia Habitacional corre el riesgo de transformarse en un monumento a la mala gestión: miles de viviendas entregadas a medias, deudas impagas y empresas en quiebra. Las familias que esperaban una solución no merecen pagar por la falta de seriedad de un Gobierno que prometió más de lo que podía cumplir.