Presupuesto 2026: Boric se asegura una pensión millonaria mientras impone un gasto público inflado, deja déficit fiscal y prioriza programas políticos sobre las verdaderas urgencias del país

El Congreso Nacional aprobó el Presupuesto 2026 tres días antes del plazo legal, despachando el último erario del gobierno de Gabriel Boric. Con un gasto público de $86,2 billones —equivalente a US$90 mil millones— y un aumento de solo 1,7%, el Ejecutivo logró imponer su visión sin aceptar recortes ni correcciones estructurales, pese a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo y de la oposición. El Mandatario deja un presupuesto inflado, con ingresos sobrestimados y gastos rígidos, mientras asegura para sí mismo una pensión vitalicia y asignaciones que superan los $17,6 millones mensuales, un privilegio que contrasta con las necesidades reales de millones de chilenos que sobreviven con pensiones inferiores al sueldo mínimo.

Puntos Claves:

• Presupuesto aprobado sin cambios estructurales y con advertencias fiscales: El Presupuesto 2026 asciende a $86,2 billones, manteniendo un crecimiento del gasto de 1,7%. Aunque el gobierno lo presenta como “social y fiscalmente responsable”, expertos advierten que está construido sobre cifras poco realistas. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) alertó que las proyecciones de ingresos están sobrestimadas y que el gasto está subestimado, lo que podría generar un déficit cercano al 2% del PIB, casi el doble de lo informado por el Ejecutivo.
• Un presupuesto débil y endeudado: Pese al discurso de responsabilidad, el gobierno repite el patrón de los últimos tres años: más gasto, poca eficiencia y nula autocrítica. Durante la administración Boric, el gasto público ha crecido un promedio anual de 2,1%, con déficit sostenido y sin señales de contención. En la práctica, el país gasta más de lo que recauda, hipotecando las finanzas del próximo gobierno.
• El privilegio presidencial: Boric se asegura más de $17 millones mensuales de por vida: En una maniobra ampliamente cuestionada, el Ejecutivo logró reponer —por tercera vez— los fondos para los expresidentes, garantizando a Boric una pensión vitalicia de $7,3 millones, más $10,3 millones en gastos de oficina, personal y viajes, todos pagados por el Estado. En total, $17,6 millones al mes, por el resto de su vida, apenas con 40 años de edad. El gobierno usó un truco legal para blindar estos recursos, integrándolos a la Ley 19.672, que ampara los beneficios de exmandatarios, impidiendo su reducción por parte del Congreso. La decisión fue calificada como “una jugada al borde de la Constitución”. La indignación no tardó en crecer, especialmente al considerar que miles de adultos mayores viven con pensiones bajo los $250 mil.
• Gastos superfluos mientras faltan recursos en áreas críticas: Mientras el Ejecutivo defendía a toda costa los privilegios presidenciales, el Presupuesto repuso fondos a programas de dudosa utilidad social, como el Pase Cultural, los sitios de memoria y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv). En cambio, se eliminaron los recursos para la Fundación Salvador Allende y el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), ambos criticados por su uso político y escasa transparencia.
  • El Pase Cultural, cuestionado por su baja utilización y costos administrativos elevados, recuperó más de $8.000 millones.
  • Los sitios de memoria, varios con nexos partidistas y sin auditorías públicas, también recibieron millonarios aportes del Estado.
  • En contraste, las áreas de salud, seguridad ciudadana y vivienda —las verdaderas urgencias del país— apenas recibieron incrementos menores frente al aumento global del gasto.
• Críticas a la falta de prioridades reales: Legisladores de oposición acusaron al gobierno de “simular negociación” y de rechazar cualquier ajuste que implicara reducir gasto político o ideológico. “El gobierno simuló negociar. Puso trabas a los cambios más trascendentes”, señaló Felipe Donoso (UDI). En tanto, Frank Sauerbaum (RN) recalcó que “votamos con las mismas dudas que teníamos al comienzo: el presupuesto no cuadra y nadie lo quiso corregir”.
• El problema de fondo: más Estado, menos eficiencia: La expansión del gasto se concentra en mantener programas burocráticos y subvenciones políticas, sin mejoras demostrables en la calidad de los servicios. La administración Boric ha defendido este modelo como “social”, pero los resultados fiscales y la deuda en aumento muestran un Estado que crece en tamaño, no en eficiencia.
• Advertencia técnica y política: Economistas como Macarena García, del Instituto Libertad y Desarrollo, sostienen que “los ajustes realizados son menores y no corrigen el problema estructural. Los ingresos están sobreestimados y los gastos subestimados. Es un presupuesto que deja poco margen de maniobra al próximo gobierno”.
• Contraste con las urgencias del país: En un contexto de crisis en salud, aumento de la delincuencia y déficit habitacional, el gobierno eligió priorizar recursos para iniciativas simbólicas y administrativas. Mientras se celebran los “sitios de memoria” y los programas culturales, los hospitales públicos siguen sin medicamentos, las listas de espera superan las 300 mil personas y los carabineros denuncian falta de equipamiento básico.

En resumen, el Presupuesto 2026 refleja un cierre de ciclo donde el gobierno de Gabriel Boric prioriza la ideología, el gasto político y los privilegios personales por sobre las verdaderas necesidades del país. El mandatario deja un Estado más endeudado, un gasto público desordenado y una pensión personal que bordea lo grotesco frente a la realidad económica de millones de chilenos.

Mientras Chile enfrenta urgencias sociales reales —salud, seguridad, empleo y vivienda—, el Presidente se despide blindando sus beneficios y proclamando responsabilidad fiscal. Una paradoja dolorosa para un país que exige austeridad y transparencia, pero recibe más burocracia, más gasto y menos soluciones.