Cirugía exprés en el Hospital del Salvador de Providencia: operación a madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, desata polémica por eventuales privilegios

Una operación de cadera realizada en apenas 10 horas a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el Hospital del Salvador, abrió una fuerte polémica interna, política y social. Registros del propio recinto dan cuenta de decisiones administrativas que alteraron el orden habitual de cirugías, mientras funcionarios advierten que otros pacientes con el mismo diagnóstico siguen esperando por días, e incluso mueren sin ser operados, en un sistema marcado por largas listas de espera y desigualdad.

Puntos Claves:

• Una cirugía inusualmente rápida en un sistema colapsado: La paciente, Lucía Sanhueza Vargas, de 87 años, ingresó el 23 de diciembre cerca de las 11:00 horas con una fractura de cadera izquierda. A las 21:14 ya estaba siendo operada, un plazo excepcional dentro de la red pública, donde pacientes con la misma patología suelen esperar días para acceder a pabellón.
• Decisión administrativa que alteró la tabla quirúrgica: Registros internos del hospital señalan explícitamente que la intervención fue priorizada por una orden administrativa. Uno de los documentos consigna: “por autorización de la dirección del hospital se envía a la paciente a la sala (de pabellón) sin entregar papeles administrativos y sin medicamentos”, lo que permitió acelerar su ingreso a cirugía.
• Otros pacientes desplazados: Otro registro indica que la operación de la madre de la ministra postergó procedimientos previamente programados, incluyendo la reexploración de un paciente laparostomizado que terminó siendo operado cerca de la medianoche. Funcionarios del recinto aseguran que “ese día había otros pacientes con el mismo diagnóstico” esperando cirugía.
• Cuestionamientos desde dentro del hospital: Trabajadores del establecimiento advierten que la paciente no presentaba una condición clínica que justificara una intervención inmediata por sobre otros casos. Uno de ellos afirmó: “Hay personas con la misma fractura que incluso mueren sin ser intervenidas. Ella no presentaba ninguna condición que la desestabilizara”.
• La versión oficial del hospital bajo la lupa: El Hospital del Salvador defendió su actuar señalando que la cirugía se realizó “conforme a los protocolos y estándares establecidos”, apelando a criterios de edad, condición clínica y a la presencia de un traumatólogo especialista de turno. Sin embargo, estas explicaciones contrastan con los propios registros internos y con la experiencia cotidiana de pacientes que esperan por la misma cirugía durante días.
• Silencio y defensa política desde el Minsal: Desde el Ministerio de Salud se limitaron a señalar que se trató de una cirugía de urgencia y evitaron profundizar en el caso. Parlamentarios de distintos sectores pidieron explicaciones y sumarios administrativos, advirtiendo que cualquier indicio de privilegio daña gravemente la confianza en el sistema público.
• Un problema de fondo: la igualdad en salud: El caso reabrió el debate sobre la equidad en el acceso a la atención médica. La rapidez con que se resolvió la cirugía contrasta con una realidad conocida por miles de familias, especialmente adultos mayores, que enfrentan esperas prolongadas en el mismo hospital y en toda la red pública.

La controversia no se limita a un procedimiento médico puntual. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema de salud pública y el principio de igualdad ante la atención sanitaria. En un país donde las listas de espera siguen siendo una de las principales angustias de la ciudadanía, la percepción de privilegios para familiares de altas autoridades golpea directamente la confianza en las instituciones.

Más allá de las explicaciones técnicas del hospital, los registros administrativos y los testimonios internos dejan dudas difíciles de despejar. Para muchas familias que esperan una cirugía similar, el mensaje es devastador: la rapidez parece posible, pero no para todos. En ese contexto, el caso de la madre de la ministra Aguilera se transforma en un símbolo incómodo de las desigualdades que persisten en la salud pública chilena.