Escándalo diplomático: embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, promueve la “libre determinación” de Rapa Nui y compromete la soberanía nacional bajo el gobierno de Gabriel Boric
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La publicación de una imagen que llama a la “libre determinación para la nación Rapa Nui” por parte de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, abrió una de las controversias diplomáticas más graves del actual gobierno, dejando en evidencia no solo un error personal, sino también la responsabilidad política del Ejecutivo que la nombró y la sostiene en el cargo.
Puntos Claves:
- Una publicación incompatible con el cargo diplomático:
Manahi Pakarati difundió en redes sociales una imagen con el mensaje “Libre determinación para la nación Rapa Nui”, acompañado de su traducción al inglés: “Self-determination for Rapa Nui”. La publicación, realizada mientras ejercía como embajadora de Chile en Nueva Zelanda, fue considerada inadmisible por amplios sectores del mundo diplomático, al contradecir el principio de indivisibilidad del Estado chileno y los intereses permanentes del país. - Quién es Manahi Pakarati, su ascendencia Rapa Nui y una visión política incompatible con la función diplomática:
Manahi Pakarati es embajadora de Chile en Nueva Zelanda desde marzo de 2024, además de embajadora concurrente en Islas Cook, Niue y Fiyi. Fue nombrada directamente por el Presidente Gabriel Boric y es considerada una funcionaria de su estricta confianza política. Tiene ascendencia Rapa Nui por línea paterna y ha hecho de esa identidad un eje central de su discurso público y profesional.
Ya ostentando el grado de embajadora, Pakarati ha sostenido en entrevistas y trabajos académicos que Rapa Nui es una “nación” distinta de Chile, que no es un pueblo originario chileno y que la isla se “asoció” al país recién en 1888. Estas afirmaciones se alinean con planteamientos impulsados por sectores de la izquierda identitaria y la idea de la plurinacionalidad, promovida con fuerza durante el actual gobierno y primer intento de reforma constitucional.
Desde una mirada crítica, el problema no es su ascendencia ni su identidad personal, sino que una representante oficial del Estado chileno, cuyo deber es defender la soberanía, la unidad territorial y los intereses permanentes del país, mantenga y exprese una visión política que relativiza la pertenencia de Rapa Nui a Chile. En diplomacia, estas ideas no son opiniones privadas: cuando provienen de una embajadora, se convierten en señales políticas hacia el exterior y en un factor de riesgo para la credibilidad y la coherencia del Estado. - Reacción tardía y mínima de Cancillería:
El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que tuvo conocimiento de la publicación el 24 de diciembre y que ese mismo día Pakarati fue reprendida. Según Cancillería, la embajadora se excusó, reconoció el error y eliminó el contenido. Sin embargo, la imagen continuó visible durante horas e incluso días, lo que aumentó la molestia interna y externa, dejando la sensación de un control débil y una sanción meramente simbólica. - Críticas transversales desde la diplomacia de carrera:
Exautoridades y funcionarios activos coincidieron en la gravedad del hecho. El excanciller Roberto Ampuero advirtió:
«Esto es grave porque un embajador habla siempre en nombre de su país, en este caso, en nombre de Chile. El Presidente debe tomar cartas en el asunto. Callar es conceder. Y asentir mediante el silencio solo agrava una situación que no debiera haber ocurrido».
Otros diplomáticos fueron aún más duros, señalando que una persona que promueve ideas separatistas no puede representar al Estado de Chile en el extranjero. - Un historial de declaraciones y gestos polémicos:
La publicación no es un hecho aislado. Ya en 2022, siendo embajadora y jefa de protocolo del Presidente Gabriel Boric, Pakarati afirmó en una entrevista: “Somos una nación que firmó un tratado con Chile”, reforzando una visión política que tensiona la soberanía nacional. Además, ha participado en espacios académicos y entrevistas donde cuestiona la pertenencia plena de Rapa Nui al Estado chileno, alineándose con tesis promovidas históricamente por sectores de izquierda y movimientos identitarios. - Nombramientos políticos y saltos de escalafón:
Pakarati es una persona de confianza del Presidente Boric, quien no solo la designó jefa de protocolo al inicio de su mandato, sino que además le otorgó el grado de embajadora saltándose un escalafón dentro del Servicio Exterior. Este respaldo político directo vuelve inevitable la pregunta sobre la responsabilidad del gobierno en esta crisis y sobre los criterios utilizados para nombrar representantes de Chile en el extranjero. - La izquierda y la ambigüedad frente a la soberanía:
Este episodio refleja una tendencia preocupante de la izquierda gobernante: relativizar conceptos básicos del Estado nación en nombre de identidades, causas simbólicas o afinidades ideológicas. Para muchos diplomáticos, el problema no es la identidad personal de Pakarati, sino que el gobierno permita que esas visiones se expresen desde un cargo que exige neutralidad, disciplina y lealtad absoluta al país. - Llamados a la renuncia y pérdida de credibilidad internacional:
Francisco Devia, expresidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, fue categórico al señalar que la situación debería implicar la salida de Pakarati. En una de sus declaraciones recordó que “la aludida embajadora es funcionaria de exclusiva confianza del Gobierno de Chile, no de una isla en particular o de una etnia. Su sueldo (…) se lo pagamos todos los chilenos”, subrayando el carácter nacional —y no identitario— de la función diplomática.
Lo ocurrido con Manahi Pakarati no es un simple error en redes sociales, sino una señal alarmante de cómo el actual gobierno maneja la política exterior y la noción misma de Estado. Cuando una embajadora pone en duda, explícita o implícitamente, la integridad territorial del país que representa, la respuesta no puede limitarse a una reprimenda privada ni al silencio presidencial.
Más allá de la persona, el caso expone una falla política profunda: la incapacidad —o falta de voluntad— del gobierno de izquierda para trazar límites claros entre convicciones ideológicas personales y el deber institucional. En diplomacia, esas ambigüedades se pagan caro, y es Chile, como país, quien termina asumiendo el costo.
