Escándalo en la Región de Magallanes: Fiscalía investiga a pareja de diputado Alejandro Riquelme por presunto fraude en subsidio habitacional para familias vulnerables

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Local de Punta Arenas y el Consejo de Defensa del Estado por presuntas irregularidades criminales en la asignación de un subsidio habitacional en la Región de Magallanes, el cual benefició en julio de 2022 a Susan Chicuy Godoy, pareja de hecho del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme. La acción judicial, informada por el ministro de la cartera, Iván Poduje, se originó luego de que fiscalizaciones internas detectaran que la beneficiaria presuntamente ocultó su relación sentimental de 18 años y su patrimonio compartido con el parlamentario para figurar en situación de extrema pobreza y conseguir una vivienda destinada a los sectores más necesitados mediante un cuestionado mecanismo de reemplazo de cupos manejado por una alta funcionaria pública.

Puntos Claves:

El mecanismo del presunto fraude

• El origen de la denuncia judicial: El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Magallanes, liderado por su director subrogante (director suplente temporal) Omar González Asenjo, ingresó una denuncia penal ante el Ministerio Público el pasado 8 de mayo de 2026, alertando sobre hechos graves que podrían constituir delitos económicos y de corrupción.
• Ocultamiento de datos socioeconómicos: Al postular al beneficio estatal, Susan Liliana Chicuy Godoy declaró en el Registro Social de Hogares (RSH) —el sistema oficial que mide los niveles de pobreza y vulnerabilidad en Chile— que era madre soltera y que vivía en condiciones de hacinamiento o falta extrema de espacio, omitiendo por completo que mantenía una relación de convivencia de 18 años con el actual diputado Alejandro Riquelme Ducci, con quien tiene tres hijos en común.
• Mecanismo de reemplazo bajo sospecha: La adjudicación se concretó el 7 de julio de 2022 mediante la Resolución Exenta Número 1117, firmada por la entonces jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del Serviu en la zona, Jacqueline Lleucún Uribe, quien según la acusación alteró los procedimientos al proponer directamente a la pareja del político para ocupar un cupo que había quedado vacante, en lugar de seguir un orden de lista objetivo y equitativo.

Empresas comerciales y fiscalización penal

• Patrimonio millonario tras bambalinas: La investigación arrojó que la mujer comparte la propiedad de al menos cuatro empresas comerciales con el parlamentario, entre ellas Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA (Sociedad por Acciones, que es un tipo de organización comercial flexible), destacando que solo la primera de estas firmas registra contratos con el Estado por más de 1.096 millones de pesos entre los años 2007 y 2025.
• Un subsidio para los más necesitados: El beneficio entregado corresponde al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el Decreto Supremo Número 49 (D.S. 49), una herramienta de asistencia social diseñada por ley exclusivamente para ir en ayuda de las familias que pertenecen al 40% con menores ingresos de la población del país.
• Conflicto de interés de la autoridad: Al momento de asignarse este beneficio, Alejandro Riquelme se desempeñaba como consejero regional (autoridad encargada de aprobar presupuestos y proyectos locales), cargo público desde el cual votó y aprobó el cofinanciamiento con recursos estatales para el mismo conjunto habitacional, llamado Estepa Austral I, donde su conviviente recibió la casa en diciembre de 2023.
• Primeras diligencias de la justicia: El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ordenó remitir el caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE) —el organismo de abogados encargado de proteger el patrimonio público de la nación—, mientras que la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, inició diligencias criminales por posibles delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.
• Declaración de las partes involucradas: Respecto al caso, el director subrogante del Serviu, Omar González, confirmó que “este servicio ha tomado conocimiento de antecedentes que podrían revestir carácter de delito vinculados a procesos de asignación de subsidios habitacionales”, mientras que el diputado Riquelme negó anomalías afirmando que la acción “no implica culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna”.

La desviación de fondos y beneficios estatales destinados a paliar la crisis habitacional de las familias más vulnerables del país constituye una falta gravísima a la ética pública y una burla para miles de ciudadanos que esperan de forma honesta durante años por una vivienda digna. El uso de resquicios administrativos y la omisión de datos socioeconómicos reales desvirtúan por completo el propósito de las políticas de ayuda social, debilitando la confianza de las personas en las instituciones encargadas de velar por la equidad y la transparencia en la entrega de recursos fiscales.

Frente a la gravedad de las irregularidades detectadas y los potenciales delitos económicos bajo indagación, resulta urgente que los organismos de justicia actúen con total rigurosidad y rapidez para esclarecer las responsabilidades penales pertinentes. El resguardo de los recursos de todos los chilenos exige tolerancia cero ante cualquier indicio de corrupción, asegurando que la ayuda del Estado llegue efectivamente a quienes más lo necesitan y no a sectores con redes de influencia o privilegios patrimoniales.