Gobierno defiende a Pardow con dinero público: el nuevo rostro del doble estándar y el amiguismo político en La Moneda

El anuncio de la ministra Macarena Lobos de que La Moneda financiará la defensa jurídica del exministro de Energía Diego Pardow ha provocado una ola de indignación en el Congreso y en la opinión pública. A pesar de que Pardow fue removido tras el escándalo de los sobrecobros en las cuentas de luz, el Ejecutivo decidió respaldarlo legalmente, argumentando una “razón institucional”. Sin embargo, el gesto ha sido interpretado como una muestra más del favoritismo y desconexión del actual gobierno, que, mientras pide austeridad a los ciudadanos, destina recursos públicos para proteger a sus cercanos políticos.

Puntos Claves:

• Uso de recursos públicos en defensa de un exministro: La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, confirmó que el Gobierno financiará la defensa jurídica del exministro Diego Pardow, pese a que este ya no es funcionario público. Argumentó que “no se trata de una defensa personal, sino institucional”, ya que la acusación constitucional se relaciona con hechos ocurridos durante su gestión. Sin embargo, el respaldo estatal a un exministro que renunció tras errores graves ha sido calificado por la oposición como un abuso de los recursos fiscales y un acto de amiguismo político.
• Errores que afectaron el bolsillo de todos los chilenos: El origen del conflicto está en el error de cálculo en las tarifas eléctricas durante la administración de Pardow, que provocó sobrecobros millonarios a los usuarios. Pese a la gravedad de la negligencia —detectada en 2024—, el Ejecutivo insiste en proteger al exministro en lugar de respaldar a los consumidores que fueron perjudicados. Desde la oposición, el diputado Francisco Undurraga advirtió que “aquí se devela una forma de gobernar del Presidente Boric y de sus ministros: el gobierno de los pillados”.
• Acusación constitucional y defensa financiada por todos: La acusación constitucional presentada por la oposición consta de dos capítulos que apuntan a negligencia administrativa y falta de probidad. En paralelo, La Moneda optó por costear abogados para la defensa de Pardow, lo que llevó a la UDI y RN a anunciar un recurso ante la Contraloría General de la República, denunciando el uso indebido de fondos públicos. “No corresponde que con recursos de todos los chilenos se pague una defensa jurídica a una persona que ya no es funcionario público”, señaló el diputado Henry Leal.
• Críticas al doble estándar del Gobierno: El financiamiento de la defensa de Pardow se suma al apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, que también se costearía con fondos estatales. Los diputados Juan Antonio Coloma y Sergio Bobadilla calificaron ambas decisiones como “una muestra brutal de incoherencia” y denunciaron que el Gobierno destina dinero a sus aliados mientras reduce presupuestos en áreas sensibles como educación e infancia. “Parece que sólo hay plata para los amigos”, advirtieron.
• División incluso en el oficialismo: La decisión ha generado incomodidad dentro del propio bloque de gobierno. El diputado Jaime Mulet (FRVS) consideró que la defensa de Pardow “no conviene al Ejecutivo” y que “podría cruzarse con la campaña presidencial del oficialismo”. A su juicio, los hechos que motivan la acusación son “graves y manifiestos”, y la prioridad del Congreso debe ser defender a los consumidores, no a los ministros negligentes.
• Defensa política disfrazada de institucionalidad: Aunque la ministra Lobos insiste en que el apoyo a Pardow responde a un principio institucional, la situación deja en evidencia un patrón recurrente en los gobiernos de izquierda: proteger a sus figuras, incluso cuando los errores tienen consecuencias directas para los ciudadanos. En casos anteriores, como el de Andrés Chadwick bajo el gobierno de Piñera, el exministro asumió su defensa personalmente, marcando una diferencia ética que hoy La Moneda parece haber abandonado.
• Una gestión que pierde legitimidad: Mientras miles de familias aún esperan la devolución de los montos cobrados en exceso, el Gobierno dedica tiempo y dinero a defender a un exministro cuestionado. En medio de un escenario fiscal crítico, la decisión erosiona aún más la credibilidad del Ejecutivo y profundiza la sensación de impunidad política. Lo que para La Moneda es una “defensa institucional”, para gran parte del país es una defensa del privilegio y de los propios errores.

El respaldo del Gobierno a Diego Pardow simboliza una desconexión profunda entre las prioridades del Ejecutivo y las necesidades reales de los chilenos. Mientras las familias enfrentan alzas en el costo de vida y un presupuesto cada vez más ajustado, el Estado vuelve a destinar recursos para proteger a quienes ya demostraron incompetencia.

Más allá del debate jurídico, este episodio revela el deterioro moral y político de una administración que ha hecho de la autodefensa su principal bandera, relegando a segundo plano el bienestar de los ciudadanos. En lugar de asumir con humildad los costos de sus errores, el Gobierno prefiere seguir blindando a sus cercanos, aun a costa de la confianza pública y del dinero de todos.