Al fin hay detenidos: cae Alberto Larraín por el caso ProCultura junto a exdirectivos del GORE RM, la causa compromete directamente al gobernador Claudio Orrego

Este viernes se marcó un punto de inflexión en el denominado Caso Convenios, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachara órdenes de detención contra Alberto Larraín, cofundador de la ONG ProCultura, y otros cuatro involucrados, en una investigación por el presunto desvío de millonarios recursos públicos en la Región Metropolitana, un caso que vuelve a poner en el centro del debate las redes políticas, la falta de control y la corrupción asociada a convenios estatales.

Puntos Claves:

• Detención de la cúpula de ProCultura: La justicia ordenó la detención de Alberto Larraín; María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM; y Gabriel Prado, quien mantenía vínculos laborales tanto con la fundación como con el Gobierno Regional Metropolitano.
• El convenio “Quédate” bajo la lupa: La arista investigada se relaciona con el programa de prevención del suicidio “Quédate”, para el cual la Gobernación Regional Metropolitana transfirió $1.683.788.000 a ProCultura. Según el Consejo de Defensa del Estado, una parte sustancial de esos fondos fue utilizada con fines distintos a los pactados.
• Perjuicio millonario al Estado: De acuerdo con el CDE, el desvío de recursos provocó un perjuicio fiscal que asciende a $1.015.283.548, dinero que no ha sido restituido hasta la fecha, lo que derivó en el término anticipado del convenio por incumplimientos graves y falta de rendición.
• Posibles delitos investigados: La Fiscalía indaga eventuales delitos de fraude al fisco y distracción indebida de fondos públicos, además de analizar el financiamiento de campañas políticas desde cuentas vinculadas a ProCultura.
• Transferencias a campañas políticas: Según antecedentes recopilados, Larraín habría transferido $53.442.000 a Sebastián Balbontín y $1 millón a Elizabeth Aguilera, lo que es investigado por el Ministerio Público.
• El rol de Claudio Orrego: El gobernador metropolitano aparece como una figura central en la trama. Larraín era considerado su ahijado político y fue designado director de la Corporación de Desarrollo presidida por el propio Orrego semanas antes de aprobarse el millonario convenio. Orrego figura como imputado y enfrenta una solicitud de desafuero pendiente.
• Fiscalía avanza hacia formalizaciones: El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, confirmó que en el control de detención se comunicarán los delitos investigados y se solicitarán medidas cautelares, siendo esta la primera arista metropolitana del caso Convenios que llega a esta etapa.

La detención de Alberto Larraín y de la plana mayor de ProCultura representa un golpe directo a un modelo de traspasos de fondos públicos a fundaciones sin los debidos controles, que terminó por erosionar la confianza ciudadana en el uso de recursos fiscales destinados a programas sociales sensibles.

Mientras la justicia avanza en establecer responsabilidades penales, el caso deja en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y probidad en los gobiernos regionales, especialmente cuando existen vínculos políticos previos entre autoridades y quienes administran millonarios fondos públicos.