Pase Cultural bajo investigación: fallas de diseño y ausencia de controles permitieron el uso indebido de millones de pesos de fondos públicos

El Pase Cultural, beneficio estatal impulsado por el Gobierno para fomentar el acceso a bienes y actividades culturales, quedó bajo investigación tras revelarse múltiples denuncias por su uso fraudulento, dejando al descubierto graves errores de diseño, una notoria falta de controles y serias dudas sobre la capacidad del Ministerio de las Culturas para resguardar recursos públicos.

Puntos Claves:

• Qué es el Pase Cultural y cuánto dinero involucra: El beneficio fue anunciado en julio de 2025 y consiste en un depósito único de $50.000 en la CuentaRUT de jóvenes de 18 y 19 años y adultos mayores pertenecientes a los sectores más vulnerables. Para su implementación, el programa cuenta con una asignación presupuestaria superior a los 26 mil millones de pesos, recursos financiados directamente con fondos públicos.
• Cómo se produjo el uso indebido del dinero: Según reportajes y testimonios difundidos en redes sociales, algunos beneficiarios descubrieron que podían comprar productos culturales en comercios autorizados —como librerías— y luego solicitar la anulación de la compra. El sistema permitía que el reembolso fuera depositado directamente en la CuentaRUT personal, dejando el dinero disponible sin ninguna restricción.
• Un diseño que permitió el fraude: El depósito directo del beneficio en cuentas bancarias personales, sumado a la posibilidad de reembolsos sin validación posterior, permitió que el dinero perdiera su carácter condicionado. Esta falla estructural hizo posible que fondos destinados a cultura terminaran siendo utilizados para otros fines completamente ajenos al objetivo del programa.
• Testimonios que evidenciaron la falta de control: En redes sociales circularon registros donde beneficiarios reconocieron abiertamente el uso indebido del dinero. Entre los más difundidos se encuentran frases como: “Pagué en una disco, solo pagué y se descontó del pase” y “Yo pedí las 50 lucas en libros y después pedí el reembolso, y ahí queda en tu cuenta normal”.
• Ausencia de fiscalización previa del Ministerio: Las irregularidades no fueron detectadas por los sistemas internos del Ministerio de las Culturas, sino que salieron a la luz tras un reportaje de T13 y la viralización de contenidos en redes sociales, lo que profundizó las críticas a la gestión y supervisión del programa.
• Reacción tardía de la ministra Carolina Arredondo: Tras conocerse públicamente los casos, el Ministerio informó que presentó una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La ministra Carolina Arredondo afirmó que “la mala utilización de los recursos públicos en ningún caso es algo que se debe avalar” y que el reglamento contempla la devolución del dinero al Tesoro Público, sin asumir responsabilidades políticas por el diseño del beneficio.
• Intervención del futuro ministro Francisco Undurraga: Frente a la magnitud del problema, el futuro ministro de las Culturas del gobierno de José Antonio Kast, Francisco Undurraga, anunció que suspenderá el Pase Cultural a partir del 11 de marzo y solicitó a la Contraloría General de la República iniciar una auditoría de oficio. En X señaló: “A partir del 11 de Marzo como futuro Ministro de La Cultura, se suspenderá este pase y desde ya le solicito a la Contraloría que inicie de oficio la auditoría que se requiera. Basta de abusos”.
• Debate político y cuestionamientos al gasto público: El caso escaló al Congreso, donde parlamentarios oficialistas defendieron el programa y descartaron un uso irregular generalizado, mientras que diputados de oposición y del futuro oficialismo apuntaron a un ejemplo de mala gestión, despilfarro de recursos públicos y ausencia de controles efectivos desde el Estado.

La polémica por el Pase Cultural dejó en evidencia errores graves en la implementación de una política pública que manejó miles de millones de pesos sin resguardos adecuados, permitiendo que el dinero perdiera su finalidad original y dañando la credibilidad del programa.

Más allá de los beneficiarios que sí utilizaron correctamente el aporte, el caso abrió un cuestionamiento profundo a la gestión del Ministerio de las Culturas y a la forma en que se diseñan y supervisan los beneficios estatales, instalando la necesidad de mayor control, responsabilidad política y cuidado del dinero público.