Cierre de año para el olvido del gobierno de Boric: Contraloría frena intento de subir sueldo a la ministra de Salud Ximena Aguilera, el caso Casa Allende sigue abierto y el “amarre” con Patricia Muñoz termina en retroceso

El gobierno del Presidente Gabriel Boric llega al 31 de diciembre de 2025 marcado por una seguidilla de polémicas que tensionan su discurso de probidad y “nuevos estándares”. En las últimas semanas del año, tres episodios concentran las críticas: el intento fallido por aumentar el sueldo de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, la persistencia judicial del caso Casa Allende, y el retroceso del Ejecutivo en un cuestionado nombramiento considerado un “amarre” político, todos hechos que refuerzan el malestar ciudadano y la desconfianza hacia la gestión del oficialismo y de la izquierda en general.

Puntos Claves:

• Contraloría rechaza intento del Minsal por subir el sueldo de la ministra de Salud, Ximena Aguilera:
  La Contraloría General de la República cerró definitivamente la puerta a una maniobra del Ministerio de Salud destinada a incrementar la remuneración de la ministra Ximena Aguilera, mediante el acceso a una asignación adicional.
  El dictamen, emitido el 24 de diciembre de 2025, rechazó la solicitud de reconsideración presentada por la propia cartera, estableciendo que la ministra no tiene derecho a percibir la asignación de modernización de la Ley N° 19.553, debido a su incompatibilidad con la asignación especial del sector salud contemplada en la Ley N° 19.490, beneficio que ya reciben las autoridades del área.
  La Contraloría fue explícita al señalar que ambas asignaciones tienen una finalidad idéntica, retribuir el cumplimiento de metas institucionales, y que autorizar su pago conjunto implicaría un doble pago por una misma causa, vulnerando la jurisprudencia administrativa vigente.
  Pese a la claridad del dictamen, desde el Ministerio de Salud se limitaron a señalar que se trató de una reconsideración parcial, evitando profundizar en el impacto real de la resolución: el rechazo a un intento concreto de subir el sueldo de una ministra en ejercicio.
• Cirugía de la madre de la ministra Aguilera instala un debate por posibles privilegios:
  A esta controversia se sumó el cuestionamiento por la rápida realización de una cirugía a la madre de la ministra de Salud, en un contexto de extensas listas de espera que afectan a miles de pacientes del sistema público.
  Aunque el Gobierno sostuvo que la decisión fue estrictamente clínica y adoptada por equipos médicos, el episodio traspasó rápidamente el ámbito sanitario y se instaló como un problema político, al abrir una discusión sobre privilegios, estándares y percepción ciudadana.
  Desde la oposición se exigieron explicaciones formales y se anunciaron gestiones de fiscalización, apuntando a una desigualdad evidente frente a los pacientes que esperan meses o años por intervenciones similares. El caso llegó al Parlamento y se proyecta como uno de los primeros focos de conflicto del Ejecutivo en 2026.
• Caso Casa Allende: el Tribunal Constitucional revisará el fondo pese a la defensa de Boric:
  En paralelo, el Tribunal Constitucional resolvió admitir a trámite el recurso de inaplicabilidad presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana en la causa por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.
  El requerimiento busca que se declare inconstitucional la aplicación de normas del Código Procesal Penal que permiten al Ministerio Público no perseverar en una investigación, con el objetivo de forzar una acusación y llevar a juicio oral al Presidente Gabriel Boric, pese a la decisión de la Fiscalía.
  La defensa del Mandatario intentó que el TC declarara inadmisible el recurso, argumentando que carecía de fundamento constitucional y legal. Sin embargo, el tribunal estimó que la presentación cumplía con los requisitos formales, mantuvo suspendida la causa principal y otorgó 20 días a las partes, al Congreso y al propio Presidente, para formular observaciones.
  Con ello, el caso que el gobierno buscaba cerrar quedó nuevamente abierto, prolongando la incertidumbre política y judicial.
• El “amarre” con Patricia Muñoz: Boric retrocede tras presión política y oficio a Contraloría:
  El cierre de año también estuvo marcado por el fallido nombramiento de Patricia Muñoz como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.
  La decisión inicial del Presidente Boric generó una fuerte polémica, al considerarse un “amarre” político en un cargo estratégico, especialmente porque Muñoz se encontraba en avanzado estado de embarazo y pronto debería hacer uso de licencia prenatal y posnatal, afectando la etapa inicial de instalación del nuevo servicio.
  Renovación Nacional ingresó un oficio a la Contraloría cuestionando el nombramiento y advirtiendo una desventaja institucional. En ese contexto, el diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, señaló textualmente:
  “el presidente Boric y la izquierda denunciaron por años lo que denominaron las ‘leyes de amarre’ de Pinochet, y ahora resulta que se ponen a la misma altura”.
  Finalmente, en medio de la presión política, el Ejecutivo dio marcha atrás y designó a Macarena Cortés como directora del servicio, dejando en evidencia que la nominación original no logró sostenerse.

El balance de fin de año para el gobierno de Gabriel Boric expone una serie de contradicciones entre el discurso y la práctica, con episodios que afectan directamente su credibilidad. Intentos de aumentar remuneraciones, cuestionamientos por eventuales privilegios, causas judiciales que siguen abiertas y retrocesos en nombramientos clave configuran un cierre de 2025 marcado por la polémica.

En un escenario de creciente desconfianza ciudadana, estos hechos no solo sellan un año complejo para La Moneda, sino que también anticipan un 2026 con mayor fiscalización y un escrutinio político cada vez más severo hacia un gobierno que prometió estándares distintos, pero que termina el año y el mandato enfrentando críticas similares a las que dirigió contra administraciones anteriores.