El inicio del desalojo de la megatoma del cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, estuvo marcado por graves hechos de violencia, enfrentamientos con Carabineros y acciones delictuales que han dificultado el cumplimiento de una orden judicial, en un escenario donde miles de familias enfrentan una compleja situación habitacional, pero donde también se ha hecho evidente la presencia de grupos que optaron por la violencia y el desacato a la ley.
Todo lo que necesitas saber sobre la megatoma de San Antonio: el Gobierno oficializa expropiación e incumple la ley
El Gobierno de Gabriel Boric oficializó la expropiación de más de 110 hectáreas en el cerro Centinela de San Antonio, donde se emplaza la mayor toma de terrenos del país. […]
Puntos Claves:
- Desalojo ordenado por la justicia y cumplimiento del Estado de derecho:
El operativo responde a una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó el desalojo de 115 hectáreas del terreno ocupado ilegalmente, correspondientes a las parcelas 11, 13 y 15. Otras 100 hectáreas fueron expropiadas por el Gobierno para un futuro proyecto habitacional, lo que confirma que el proceso no es arbitrario, sino parte de una planificación institucional y judicial. - Graves hechos de violencia protagonizados por grupos minoritarios:
Desde primeras horas de la mañana, Carabineros se encontró con barricadas incendiarias, quema de neumáticos, alambres de púas, miguelitos y ataques con piedras y bombas molotov. Estos actos no solo pusieron en riesgo a funcionarios policiales y civiles, sino que también perjudicaron directamente a familias que buscaban una salida pacífica, retrasando el operativo y aumentando la tensión. - Detenciones por delitos graves y uso de elementos para barricadas:
Carabineros confirmó la detención de tres personas:- Un individuo por infracción a la Ley Antibarricadas.
- Dos mujeres chilenas que se desplazaban en una camioneta con encargo vigente por robo, la cual transportaba una gran cantidad de neumáticos destinados presuntamente a la construcción de barricadas.
Estos hechos refuerzan la preocupación por la presencia de delincuencia organizada y acciones premeditadas para obstaculizar el actuar de la autoridad.
- Maquinaria quemada y amenazas que frenan el avance del desalojo:
La inmobiliaria propietaria del terreno denunció que una máquina destinada a labores de demolición fue quemada durante la noche, mientras que operarios se negaron a asistir por temor a represalias, ya que muchos son vecinos de la zona. Este tipo de acciones violentas no solo constituyen delitos, sino que afectan directamente la posibilidad de realizar un proceso ordenado y seguro. - Control policial progresivo y planificación por etapas:
Pese a los incidentes, Carabineros logró controlar completamente la parcela 11, equivalente a cerca de tres hectáreas. El plan contempla avanzar aproximadamente dos hectáreas por día, entendiendo que se trata de un proceso que podría extenderse por semanas o meses, dada la magnitud del asentamiento y la cantidad de familias involucradas. - Responsabilidad individual y rechazo a la violencia:
Diversos testimonios de pobladores que optaron por desarmar voluntariamente sus viviendas dejaron en evidencia una clara división al interior de la megatoma. Mientras algunos buscan diálogo y soluciones dentro del marco legal, otros han optado por la confrontación directa, perjudicando a niños, adultos mayores y familias completas que nada tienen que ver con los hechos violentos. - Tomarse terrenos no puede normalizarse:
La megatoma comenzó en 2019 y llegó a albergar a más de 4.000 familias. Sin embargo, la ocupación ilegal de terrenos privados no puede ser validada ni justificada, menos aún cuando deriva en violencia, delitos, presencia de narcotráfico y uso irregular de servicios básicos, como conexiones ilegales de agua y electricidad, según reconoció el propio municipio.
Cobertura realziada por T13
Incidentes en distintas zonas de la megatoma de San Antonio
Distintos registros por drones:
El desalojo de la megatoma de San Antonio evidencia una realidad compleja, donde la necesidad de vivienda no puede confundirse ni mezclarse con la acción de grupos violentos que desafían abiertamente a la autoridad y al Estado de derecho. La violencia, las barricadas y los ataques no solucionan el problema habitacional y solo profundizan el daño social y humano.
Chile requiere soluciones serias, responsables y dentro de la ley, donde el respeto por las normas sea la base para avanzar. Proteger a las familias vulnerables implica también aislar y condenar con claridad a quienes, mediante la violencia y el delito, perjudican a toda la comunidad y socavan la convivencia democrática.