Francisca Moya admite que en Segpres sabían de inconstitucionalidad en compra de casa de Allende antes de firma de Boric

El testimonio de Francisca Moya, jefa de la división jurídica de la Segpres, ante la comisión investigadora de la Cámara y la fiscalía, confirmó que ella y su equipo sabían que el decreto 38 —firmado por el Presidente Boric para comprar la casa del expresidente Allende— podía ser inconstitucional. La operación ha provocado la salida de dos ministras y la inhabilitación de una senadora, mientras crecen las dudas sobre quién debió alertar al Mandatario.

Puntos Claves:

• Declaración clave ante la comisión investigadora:
  El lunes, Francisca Moya declaró ante la Comisión Investigadora de la Cámara que ella y su equipo jurídico conocían las restricciones constitucionales involucradas en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, firmada por Boric el 28 de noviembre de 2024 mediante el decreto 38.
• Evita responder si advirtió al Presidente:
  Moya no aclaró si le informó al Mandatario sobre los posibles vicios de inconstitucionalidad. Declaró: “No recuerdo que el Presidente me haya hecho algún alcance respecto de decretos en la sesión de firma”.
• Prohibición constitucional clara:
  El artículo 37 bis y el artículo 60 de la Constitución prohíben que ministros y parlamentarios celebren contratos con el Estado. Entre las propietarias del inmueble estaban la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, ambas familiares directas del expresidente Allende.
• Caídas políticas y efectos del caso:
  El caso ha provocado consecuencias políticas importantes:
  • La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA), renunció en enero.
  • La ministra de Defensa, Maya Fernández, fue removida.
  • La senadora Isabel Allende fue cesada en el cargo por el Tribunal Constitucional, tras requerimientos de Chile Vamos y Republicanos.
• Cronología del decreto 38:
  En su testimonio a la fiscalía, Moya relató el paso a paso de la tramitación del decreto:
  • 25 de noviembre de 2024: Llega el borrador del decreto desde Bienes Nacionales a la Segpres.
  • 26 de noviembre: Se entregan los decretos físicos a la Segpres.
  • 27 de noviembre: Por alta carga de trabajo, se asigna la revisión al abogado Lucas Vera, quien aún no tenía título profesional.
  • 28 de noviembre: El decreto 38 se incluye en el paquete de documentos para ser firmado por el Presidente Boric, sin que conste visación jurídica ni advertencias especiales.
  • 3 de enero: Se realiza una reunión en la Presidencia para tratar el tema; Moya declara desconocer quién debía haber verificado las prohibiciones constitucionales.
• Testimonio previo ante la fiscalía:
  El 20 de enero, Moya había declarado como testigo en la investigación penal. Aseguró que solo participó en la revisión de los decretos, no en los actos previos ni posteriores a su emisión. Reiteró: “No recuerdo que el Presidente me haya hecho algún alcance respecto de estos decretos en la sesión de la firma”.
• Amistad con Boric desde la universidad:
  Moya relató que conoció al Presidente Boric en la Universidad de Chile. En 2019, el entonces diputado escribió en Instagram: “Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya Marchi (…) somos amigos hace más de 10 años”.
• Gobierno respalda a Francisca Moya:
  La ministra vocera (s) Aisén Etcheverry defendió a Moya, señalando que “el análisis jurídico realizado fue sobre la legalidad del decreto, no sobre su constitucionalidad”, y que “esto fue refrendado por la toma de razón de Contraloría”.
• Críticas desde la oposición y amenazas de bloqueo:
  La diputada Paula Labra (RN) pidió la renuncia de Moya y advirtió que impedirá el ingreso del subsecretario de la Segpres a la comisión investigadora mientras ella siga en el cargo. “La desfachatez tiene límites”, afirmó, y sostuvo que Moya tuvo una mayor responsabilidad que la propia exministra Sandoval.
• Distintas interpretaciones sobre el rol de la Segpres:
  Mientras Moya y el Gobierno insisten en que su función se limita a revisar la legalidad, no la constitucionalidad de los decretos, desde la comisión investigadora y sectores de la oposición cuestionan que no se haya hecho la advertencia, considerando que se trataba de una inhabilidad evidente.

La revelación de que la jefa jurídica de la Segpres conocía el posible vicio de inconstitucionalidad ha profundizado la controversia política. Aunque el Gobierno respalda su continuidad, el caso ha provocado efectos concretos en el gabinete y el Congreso. La falta de claridad sobre qué nivel de advertencia recibió el Presidente al firmar el decreto sigue generando críticas cruzadas.

El caso refleja una crisis institucional y política con impacto real en la administración actual. La ciudadanía espera que se asuman todas las responsabilidades, especialmente en una materia donde la Constitución fue posiblemente vulnerada, y que involucra directamente al entorno del Mandatario.