No pagaron impuestos: Fisco embarga $1.350 millones a firma de millonarios sobreprecios en Valparaíso y Biobío
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Un reportaje de Radio Bío Bío reveló que la Tesorería General de la República ordenó el embargo de bienes y pagos por más de 1.350 millones de pesos contra la empresa San Nicolás SpA, firma que se encuentra bajo investigación por graves irregularidades y millonarios sobreprecios en contratos con el Estado. La medida ocurre tras detectarse deudas tributarias de la sociedad, la cual saltó a la luz pública luego de que la Contraloría denunciara pagos excesivos por más de 2.700 millones de pesos durante la emergencia del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en 2024. Los dardos apuntan a la gestión de la entonces delegada presidencial y actual diputada electa, Sofía González (PC), y a la delegada del Biobío, Daniela Dresdner (FA), por la entrega de millonarios recursos mediante tratos directos —compras sin licitación— sin las debidas revisiones técnicas ni financieras.
Megaincendio en Valparaíso: empresa sin experiencia dirigida por joven de 20 años recibió $6.725 millones y Diputados piden investigar trato directo
A dos años del megaincendio que devastó amplios sectores de la región de Valparaíso en febrero de 2024, nuevos antecedentes de la Contraloría General de la República (CGR) encendieron la polémica: una empresa dirigida por un joven de 20 años recibió contratos por más de $6.700 millones mediante tratos directos y licitaciones […]
Puntos Claves:
- Millonario embargo por deudas de impuestos: La Tesorería ordenó el embargo (retención legal de bienes para asegurar un pago) de una propiedad en Los Ángeles avaluada en 315 millones de pesos y de facturas por hasta 1.350 millones de pesos, debido a que la empresa no pagó compromisos básicos como el IVA y la Renta.
- Sobreprecios escandalosos en la emergencia: Según la Contraloría, el Gobierno pagó a esta firma precios que superan hasta en un 378% el valor de mercado por el arriendo de maquinaria pesada, lo que se traduce en un posible perjuicio al Estado de más de 2.725 millones de pesos solo en la Región de Valparaíso.
- Falta de control en la entrega de contratos: Las autoridades regionales de la administración de Gabriel Boric contrataron a la empresa mediante «trato directo», pero lo hicieron sin exigir documentos que probaran que la firma tenía la maquinaria necesaria o el dinero para cumplir con el trabajo, ignorando los protocolos de seguridad financiera.
- Vínculos políticos y cuestionamientos: La empresa obtuvo contratos por casi 7.000 millones de pesos bajo la gestión de Sofía González (PC) en Valparaíso, quien justificó la elección asegurando que la firma era conocida por haber trabajado previamente con la delegación de Daniela Dresdner (FA) en la Región del Biobío.
- Empresa familiar con dueño en las sombras: Aunque legalmente la sociedad figura a nombre de jóvenes de 20 y 25 años, el verdadero controlador es Pedro Briones González, quien hoy intenta justificar la millonaria deuda asegurando: «Quiero pagar. Les propuse que se queden con la venta de la casa y con los estados de pago retenidos».
- Investigación penal en curso: El Ministerio Público mantiene una investigación abierta para aclarar si existieron delitos de corrupción o fraude al fisco en estas contrataciones, mientras el Consejo de Defensa del Estado analiza los antecedentes por el daño al patrimonio público.
Irregularidades en Viña del Mar y Quilpué
- Gestión deficiente de Macarena Ripamonti: En Viña del Mar, la Contraloría detectó que no se entregaron más de 1.200 documentos que prueban la entrega de beneficios, lo que impide saber con certeza si la ayuda llegó realmente a las víctimas del incendio o si hubo desvíos.
- Pérdida de suministros en Quilpué: En la comuna de Quilpué, el informe fiscalizador reveló una diferencia de más de 4.000 artículos entre lo que la municipalidad compró y lo que realmente entregó a los damnificados, sumado a la compra de cocinillas sin certificación de seguridad.
Este caso representa un duro golpe a la fe pública y evidencia una alarmante falta de prolijidad en el manejo de los recursos destinados a las familias que lo perdieron todo en el fuego. Mientras miles de chilenos aún esperan una reconstrucción real y digna, el dinero de las emergencias terminó en manos de una empresa con deudas tributarias y sobreprecios injustificables, todo bajo el amparo de autoridades políticas que fallaron en su deber de proteger el bolsillo de todos los ciudadanos.
La justicia tiene hoy la responsabilidad de determinar las responsabilidades penales de esta gestión ideologizada que, en el momento más crítico para la Región de Valparaíso, priorizó la ineficiencia por sobre la transparencia. Chile no puede permitir que la corrupción y el desorden administrativo se vuelvan la norma en el aparato estatal, especialmente cuando se juega con el dolor de quienes enfrentaron una tragedia de proporciones históricas.
